La Cámara de Diputados recibió una iniciativa del legislador de Movimiento Ciudadano, Eduardo Gaona, que busca modificar la Ley General de Responsabilidades Administrativas para eliminar la prescripción en la investigación y sanción de faltas administrativas graves y faltas cometidas por particulares. La propuesta plantea que estos actos no pierdan vigencia con el paso del tiempo, a diferencia del esquema actual que establece un límite de siete años.
Gaona argumentó que el plazo vigente resulta insuficiente frente a la complejidad de las investigaciones, la sofisticación de los esquemas de corrupción y la existencia de prácticas institucionales que pueden retrasar deliberadamente los procedimientos. Señaló que, pese a los avances derivados del Sistema Nacional Anticorrupción, persisten vacíos legales que permiten que conductas graves queden sin sanción aun cuando existan elementos para acreditar responsabilidad.
El legislador citó datos del INEGI que estiman en más de 11 mil 910 millones de pesos los costos asociados a actos de corrupción en el país, lo que, afirmó, evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y rendición de cuentas. La iniciativa sostiene que la imprescriptibilidad responde al interés superior de proteger el patrimonio público y evitar que el transcurso del tiempo se convierta en un factor de impunidad.
La propuesta establece que la imprescriptibilidad aplicaría únicamente cuando las faltas hayan sido comprobadas por los Órganos Internos de Control, y subraya que la medida no vulnera el principio de seguridad jurídica, al circunscribirse a conductas de mayor gravedad dentro del régimen administrativo sancionador y requerir acreditación plena mediante los procedimientos establecidos en la ley.
El proyecto será turnado a comisiones para su análisis y eventual dictamen, en un proceso que podría abrir un nuevo debate legislativo sobre los alcances del régimen de responsabilidades administrativas en México.