La Cámara de Diputados, a través de su Mesa Directiva, emitió una declaratoria de publicidad para el dictamen que busca reformar diversos artículos de la Constitución, proponiendo la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). Esta medida pretende modificar los artículos 13, 16, 21, 32, 55, 73, 76, 78, 82, 89, 123 y 129 de la Carta Magna.
El dictamen establece que la Guardia Nacional será una fuerza de seguridad pública profesional y permanente, integrada por personal con formación militar y policial, adscrita a la SEDENA. Además, se le otorgarán facultades de investigación en su ámbito de competencia.
En coordinación con el Ministerio Público y otras instituciones de seguridad pública, la Guardia Nacional formará parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública. A pesar de su naturaleza militar, el dictamen insiste en que la seguridad pública se mantendrá bajo principios civiles y profesionales.
El Congreso tendrá la facultad de regular la participación del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea en tareas de seguridad interior y de apoyo a la seguridad pública, mientras que el Senado o la Comisión Permanente del Congreso serán responsables de ratificar a los altos mandos de la Guardia Nacional.
El documento también establece que los tribunales militares no podrán extender su jurisdicción a civiles y que, en tiempos de paz, el personal de las Fuerzas Armadas no podrá imponer servicios en domicilios privados sin consentimiento. Asimismo, se restringe la participación de extranjeros en la Fuerza Armada permanente en tiempos de paz.
El dictamen contempla que el personal militar y naval que integra actualmente la Guardia Nacional será reclasificado, respetando sus derechos laborales. El comandante de la Guardia Nacional será designado por el presidente de la República, con base en propuestas de la SEDENA.
Finalmente, el dictamen establece que los recursos materiales y financieros de la extinta Policía Federal serán transferidos a la SEDENA, y que el personal que pertenecía a este organismo se adscribirá a la Secretaría de Seguridad Pública.
Este dictamen es un paso clave en el debate sobre el rol de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, tema que ha generado controversia y discusión a nivel nacional.