En un clima de creciente tensión política y social, el dirigente del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo (STASPE), Antonio Ferreyra, denunció que la iniciativa de digitalización impulsada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla no solo pone en riesgo los empleos de los burócratas, sino que también los estigmatiza como corruptos sin pruebas.
Ferreyra exigió una disculpa pública al Ejecutivo estatal por la exposición de motivos de la reforma, en la que, asegura, se insinúa que la corrupción es inherente a los empleados públicos. “Nos están endosando la factura de un problema que no hemos generado. ¿Dónde están las pruebas de corrupción en nuestro gremio?”, cuestionó el líder sindical.
Además, anunció la presentación de denuncias contra funcionarios estatales, incluyendo administradores y receptores de rentas, quienes presuntamente han incurrido en prácticas indebidas. También se detectaron irregularidades en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), donde campesinos han denunciado cobros excesivos por módulos de producción.
Ferreyra advirtió sobre los riesgos de la implementación apresurada del gobierno digital, señalando que municipios sin recursos no podrán sostener el sistema y que cientos de empleos podrían perderse. “No estamos en contra de la digitalización, pero queremos garantías de que nuestros derechos laborales serán respetados”, afirmó.
Asimismo, acusó que detrás de la reforma podrían existir intereses económicos ocultos, señalando posibles beneficios financieros para funcionarios a través de convenios con bancos y empresas privadas como OXXO, que cobrarían comisiones por los pagos gubernamentales.
En respuesta a la medida del “cero efectivo”, Ferreyra informó que ya se han tramitado amparos, logrando la suspensión provisional de la prohibición de pagos en efectivo para alrededor de 400 trabajadores. Sin embargo, advirtió que la inconformidad sigue creciendo, pues hay más de 11 mil pagos no acreditados en el sistema, afectando a contribuyentes de todo el estado.
En el plano político, el dirigente sindical expresó su desconfianza en el Congreso local, al que acusó de ser una «oficialía de partes» que aprueba iniciativas sin considerar sus efectos reales. A pesar de que la diputada Fabiola ha hecho compromisos con el gremio, Ferreyra mostró incertidumbre sobre su cumplimiento.
El STASPE no descarta movilizaciones conjuntas con otros sectores, como la Universidad Michoacana, para frenar lo que consideran un atropello a sus derechos. “Si el gobierno sigue sin escuchar, vamos a tomar las calles”, advirtió Ferreyra.