La Alianza Binacional Desarmando el Miedo difundió un comunicado en el que alerta sobre la dimensión armamentista detrás de la violencia registrada tras el operativo federal en el que murió Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. La organización sostiene que la reacción criminal en al menos 22 estados del país expuso no solo la capacidad operativa del grupo, sino también la magnitud del tráfico de armas que alimenta a las organizaciones delictivas.
El pronunciamiento subraya que, aunque el operativo permitió la incautación de siete armas largas, cartuchos, cargadores y dos lanzacohetes de fabricación rusa, esa cifra resulta mínima frente al flujo estimado de armamento que ingresa ilegalmente desde Estados Unidos. Según datos citados por la Alianza, cada año se trafican hacia México alrededor de 135,000 armas, lo que equivale a 369 armas por día, cifra que contrasta con lo asegurado en el operativo. El 82% de las armas confiscadas en zonas dominadas por el Cártel de Sinaloa y el CJNG provienen de armerías estadounidenses autorizadas.
El comunicado también señala que cerca de la mitad de los cartuchos calibre .50 asegurados desde 2012 han sido rastreados hasta una planta de municiones del gobierno estadounidense ubicada en Misuri, lo que evidencia la complejidad del tráfico transfronterizo y la necesidad de una respuesta coordinada.
La Alianza Binacional sostiene que la violencia desatada tras la muerte de Oseguera Cervantes generó una sensación de miedo generalizado y recordó que, en amplias regiones del país, la violencia se ha normalizado. Ante este escenario, la organización pide que los gobiernos de México y Estados Unidos fortalezcan la cooperación para frenar el tráfico ilícito de armas y que el Estado mexicano garantice condiciones de seguridad que permitan el retorno a la vida cotidiana en las comunidades afectadas.
El comunicado plantea que la crisis actual abre una oportunidad para impulsar una política integral de control de armas basada en derechos humanos y orientada a contener el flujo de armamento militar hacia el país. La Alianza afirma que la pacificación requiere la participación de actores políticos y sociales de ambos lados de la frontera, capaces de construir propuestas concretas y sostenibles.