Un acuerdo emitido el 15 de abril de 2026 por la Junta Especial Número Cinco de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Morelia, dentro del expediente 5A-333/2020, ordena la ejecución forzosa de un laudo laboral en contra de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), luego de que la institución no acreditó el cumplimiento de un convenio de pago previamente suscrito con trabajadores.
El documento establece que el incumplimiento de la Cláusula Cuarta del convenio celebrado el 1 de abril de 2025 —relacionada con prestaciones laborales como ayudas sindicales y despensa— detonó la intervención de la autoridad laboral, que ahora exige el pago inmediato de los adeudos. La parte actora, encabezada por Ramos Díaz Patricia y otros trabajadores, promovió el procedimiento tras no recibir las prestaciones acordadas.
La Junta actúa en acatamiento a una resolución federal derivada de un juicio de amparo que ordena ejecutar sin dilación el laudo emitido en el expediente 5B-2783/2024. En el acuerdo se advierte que la omisión en el pago constituye una dilación que vulnera derechos laborales, por lo que se instruye a la autoridad local a garantizar el cumplimiento efectivo bajo apercibimiento de incurrir en desacato.
Como medida de apremio, la presidenta de la Junta, Catalina Hernández Moreno, fijó un plazo de tres días hábiles para que la Universidad cubra los pagos pendientes. En caso contrario, se habilita la aplicación de mecanismos coercitivos, entre ellos el embargo de cuentas bancarias o bienes institucionales, con el objetivo de garantizar el cumplimiento del laudo.
El acuerdo marca el tránsito de una etapa de cumplimiento voluntario a un escenario de ejecución forzosa, en el que la autoridad laboral puede intervenir directamente sobre el patrimonio de la institución para resarcir los derechos de los trabajadores.
En paralelo, el conflicto laboral se desarrolla en un contexto de señalamientos internos y tensiones políticas. En pronunciamientos difundidos por integrantes del sindicato, se acusa que la administración universitaria ha incurrido en prácticas de incumplimiento reiterado y se advierte que “la ejecución forzosa se convierte en el último recurso para romper la resistencia institucional”. Asimismo, se sostiene que el pago de ayudas sindicales no atendidas forma parte de una cadena de adeudos que impacta directamente en la economía de los trabajadores.
En el ámbito político, se mencionan posicionamientos encontrados en el Congreso del Estado. El diputado Juan Carlos Barragán intervino en el pleno para cuestionar un juicio político promovido por el legislador Baltazar Gaona en contra de la rectora Yarabí Ávila González, relacionado con presuntas omisiones en la reglamentación del proceso de renovación de la rectoría.
De manera adicional, en los posicionamientos sindicales se vincula la situación financiera de la Universidad con decisiones de carácter político, al señalar que la institución opera bajo intereses externos y que su administración enfrenta cuestionamientos por el manejo de recursos. Estas declaraciones incluyen señalamientos directos sobre una presunta estrategia de respaldo político vinculada al senador Raúl Morón Orozco, quien, según dichas versiones, busca posicionarse rumbo a la candidatura al gobierno estatal.
En este contexto, el sindicato informó que existen dos emplazamientos a huelga vigentes y anticipó la posibilidad de estallar el movimiento el próximo 20 de abril a las 19:00 horas, en caso de que no se resuelvan los adeudos. La dirigencia sostiene que la decisión responde no solo a una demanda económica, sino al ejercicio de derechos laborales frente a lo que consideran incumplimientos reiterados de la autoridad universitaria.
El acuerdo de la Junta coloca a la UMSNH ante un plazo perentorio que, de no cumplirse, abriría la fase de embargo, mientras el conflicto laboral escala hacia una posible huelga en los próximos días.