La diputada federal Ana González González presentó una iniciativa para reformar el Código Penal Federal con el fin de tipificar la tala ilegal como delito y establecer sanciones proporcionales al daño ambiental, que podrían alcanzar hasta 12 años de cárcel. La propuesta busca cerrar vacíos legales y fortalecer la capacidad del Estado para enfrentar una actividad que, según la legisladora, opera como una cadena delictiva con múltiples eslabones.
La iniciativa define la tala ilegal como el derribo, corte o destrucción de árboles sin autorización o dentro de zonas protegidas, e incluye sanciones para quienes utilicen permisos falsos o irregulares, operen centros clandestinos de procesamiento o participen en estas conductas desde cargos públicos o concesiones. El proyecto plantea penas de seis a 12 años de prisión y multas de 500 a 2 mil días para quienes incurran en estas prácticas, así como inhabilitación para servidores públicos, ejidatarios o comuneros que autoricen o toleren la actividad.
González González advirtió que la tala ilegal se ha convertido en una red que involucra falsificación de documentos, transporte y almacenamiento clandestino, operación de aserraderos irregulares, corrupción y participación de grupos criminales. Recordó que, a nivel global, cerca del 78 por ciento de los bosques primarios han sido destruidos y que, en México, para 2021 se identificaron 122 zonas forestales críticas en 20 entidades.
La diputada subrayó que los efectos de la tala ilegal son ambientales, económicos y sociales, pues provoca pérdida de biodiversidad, erosión del suelo, desertificación, alteración del ciclo hídrico, afectaciones al clima y deterioro económico en comunidades dependientes del bosque. La propuesta plantea reformar la fracción II y el párrafo V del artículo 418, así como adicionar un artículo 418 Bis al Código Penal Federal.
La iniciativa será turnada a comisiones para su análisis, en un contexto donde legisladores han insistido en la necesidad de fortalecer el marco jurídico para enfrentar delitos ambientales y garantizar la protección de los ecosistemas del país.