El Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados acusó al gobierno federal de no ejercer más de 44 mil millones de pesos destinados al Programa de Vacunación entre 2022 y 2025, pese a que el país enfrenta un brote activo de sarampión. De acuerdo con el análisis legislativo, el monto no utilizado equivale a más de 347 millones de dosis que pudieron adquirirse y aplicarse.
El cálculo parte del costo promedio de una vacuna contra el sarampión, estimado en 128 pesos. En un país donde nacen alrededor de dos millones de niñas y niños cada año, vacunar a todos los recién nacidos costaría aproximadamente 256 millones de pesos anuales. El recurso no ejercido, señalaron, habría sido suficiente para cubrir esa necesidad durante más de un siglo.
La bancada panista respondió así a las declaraciones del director general del IMSS, Zoé Robledo, quien atribuyó el brote a decisiones tomadas hace décadas. Para Acción Nacional, la responsabilidad es presente y verificable, pues los recursos fueron aprobados recientemente por la Cámara de Diputados y no se utilizaron.
El análisis del Programa E036 (Vacunación, Ramo 12 Salud) muestra un patrón sostenido de subejercicio: en 2022 se ejerció menos de una tercera parte del presupuesto; en 2023, apenas una quinta parte; y en 2024, más de dos tercios quedaron sin aplicar. En total, entre 2022 y 2025 se dejó sin ejercer el 70.6 por ciento de los recursos autorizados.
En tribuna, el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba advirtió que el sarampión es una de las enfermedades más contagiosas entre las prevenibles por vacunación y que la prioridad debe ser recuperar coberturas y garantizar acceso oportuno a biológicos seguros. Llamó a madres y padres de familia a revisar los esquemas de vacunación y recordó que “no vale la pena morir por una enfermedad que puede prevenirse”.
Además del subejercicio, la Auditoría Superior de la Federación ha documentado fallas en la red de frío, bajo desempeño operativo y ausencia de acciones permanentes de vacunación. También persiste la falta de un registro nominal interoperable que permita identificar con precisión a niñas y niños no inmunizados, lo que dificulta intervenciones focalizadas.
El PAN sostuvo que cuando existen recursos aprobados y vacunas disponibles pero no se aplican, el problema no es financiero sino de gestión pública. Propuso garantizar el ejercicio completo y transparente del presupuesto, establecer un registro nominal nacional con cartilla electrónica interoperable, mantener campañas permanentes de recuperación de coberturas y fortalecer la red de frío bajo estándares auditables.
La bancada concluyó que la vacunación es una política de Estado que exige planeación, seguimiento y resultados medibles, y que las explicaciones retrospectivas no sustituyen la responsabilidad de utilizar el presupuesto aprobado para proteger a la niñez.