El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, pidió una investigación exhaustiva sobre el accidente ocurrido en la línea Z del Tren Interoceánico, donde 14 personas fallecieron. El dirigente expresó condolencias a las familias afectadas y sostuvo que el caso requiere claridad institucional y revisión técnica verificable.
Romero Herrera afirmó que las circunstancias del descarrilamiento presentan inconsistencias que deben ser esclarecidas. Señaló que auditorías federales y especialistas habían advertido previamente sobre deficiencias en infraestructura, señalización y supervisión del proyecto, lo que, dijo, genera dudas sobre la calidad de los trabajos y la cadena de decisiones públicas involucradas.
El dirigente panista indicó que la magnitud del incidente obliga a revisar contratos, proveedores y posibles conflictos de interés, especialmente en el suministro de materiales y la supervisión de obra. Recordó que otras obras prioritarias del gobierno han registrado fallas, como los descarrilamientos del Tren Maya entre 2024 y 2025, lo que, afirmó, evidencia un patrón en la ejecución de proyectos estratégicos.
Romero también mencionó la designación de Gonzalo López Beltrán como “supervisor honorífico” del Tren Interoceánico, figura sin atribuciones técnicas y con acceso a decisiones relevantes del proyecto. Según su postura, esta situación abrió la puerta a posibles conflictos de interés y presuntas irregularidades señaladas en audios difundidos públicamente.
El PAN presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República y autoridades anticorrupción por presunto uso indebido de recursos, negligencia criminal, fallas técnicas y posibles conflictos de interés. Romero sostuvo que el partido no solo formula señalamientos, sino que ha iniciado acciones legales.
Entre las exigencias planteadas al Gobierno Federal se encuentran un peritaje independiente, la revisión integral del Tren Interoceánico y del Tren Maya, transparencia total en contratos y auditorías, investigaciones penales y administrativas, y la suspensión temporal del servicio hasta garantizar condiciones de seguridad.
Romero Herrera concluyó que estas demandas buscan asegurar infraestructura segura y procesos públicos verificables, y reiteró que las familias afectadas requieren respuestas claras y responsabilidades definidas.