Un juez federal con sede en Morelia ordenó la liberación inmediata de 38 integrantes de la Iglesia La Luz del Mundo, detenidos el pasado 24 de septiembre en el municipio de Vista Hermosa, tras concluir que su aprehensión fue ilegal y violatoria del debido proceso.
La resolución judicial representa un revés significativo para las acciones emprendidas por el gobierno de Michoacán, particularmente en lo que respecta a operativos de seguridad que involucran denuncias ciudadanas sin sustento probatorio. El fallo se emitió luego de una audiencia de más de 12 horas, en la que se acreditó que las autoridades actuaron sin orden de cateo ni elementos jurídicos suficientes para justificar la detención.
Durante el operativo conjunto de la Guardia Civil, la Fiscalía General del Estado, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, se reportó la presencia de un grupo con apariencia militar en una zona rural cercana a los límites con Jalisco. En el lugar se incautó una pistola calibre 9 milímetros, 19 réplicas de armas de fuego, cuchillos de utilería, chalecos tácticos, radios y equipo tecnológico. Los detenidos, 37 mexicanos y un ciudadano estadounidense, afirmaron pertenecer al grupo “Jahzerl”, una supuesta guardia interna de la iglesia destinada a proteger sus templos y líderes.
La Fiscalía General de la República intentó imputar a los detenidos por violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego, pero no logró acreditar la posesión ilegal de armamento ni actividades delictivas. Ante las inconsistencias en la investigación y la falta de pruebas contundentes, el juez determinó que no existía base jurídica para mantenerlos bajo arresto.
La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán sostuvo que la intervención respondió a denuncias ciudadanas, aunque no presentó evidencia de actos ilegales. El operativo, que incluyó el despliegue de fuerzas estatales y federales, culminó con la detención de los 38 individuos, quienes fueron trasladados a Morelia para determinar su situación jurídica.
Con esta resolución, el Poder Judicial federal reafirma los límites legales que deben observar las autoridades en sus actuaciones, especialmente en contextos donde se involucran agrupaciones religiosas y prácticas no convencionales. La liberación sin reservas de los detenidos marca un precedente en la vigilancia del respeto al debido proceso y la legalidad en operativos de seguridad pública.