Una familia originaria de Michoacán denunció públicamente una presunta negligencia en el hotel Pacífica Resort de Ixtapa que habría resultado en la muerte de uno de sus integrantes, además de evidenciar prácticas irregulares al interior del Ministerio Público de Guerrero y deficiencias en el sistema de justicia local.
De acuerdo con los testimonios documentados, el incidente ocurrió en una de las villas del complejo turístico, que según reportes anteriores, ya había sido objeto de quejas por fallas en el mantenimiento. La víctima, socio del resort, se encontraba hospedado junto a su familia —22 personas distribuidas en seis habitaciones— cuando se presentó el evento que provocó su fallecimiento.
La esposa del afectado ha señalado públicamente que la atención por parte de las autoridades fue insuficiente desde el primer momento. Denunció que la agente del Ministerio Público, identificada como Claudia Patricia, recomendó contratar a un abogado específico, el licenciado Guillermo Otero, como condición para acelerar el proceso. También se le pidió trasladar cremado el cuerpo a Morelia, antes de concluir los peritajes.
Además, la denunciante expuso que, a nueve días del suceso, los peritajes oficiales de la Fiscalía del estado no habían iniciado y que el acceso a la villa sin vigilancia forense podría haber comprometido las pruebas del caso. Las inspecciones realizadas hasta ahora han sido costeadas y gestionadas por medios particulares, ante la inacción institucional.
En paralelo, se documentó la participación de la aseguradora AXA, que según el testimonio, se presentó únicamente para solicitar documentos sin brindar acceso a la póliza correspondiente. La ausencia de protocolos claros sobre la responsabilidad del hotel y del seguro ha añadido incertidumbre al proceso.
También se señalaron amenazas recibidas por la denunciante y su familia, supuestamente en referencia a la zona de Feliciano, conocida por antecedentes de inseguridad, lo que fue interpretado como un intento de intimidación en medio del conflicto legal. Las presuntas declaraciones de la agente del Ministerio Público sobre grupos delictivos han sido puestas en duda, al considerarse ajenas a sus funciones institucionales.
Responsables señalados por omisión en el caso incluyen a Yadira de la Peña, gerente general del resort, y Jorge Ocaranza, socio mayoritario e integrante de la familia propietaria del complejo, quienes, según se informa, no han entablado contacto con los afectados ni brindado información sobre medidas institucionales o judiciales ante lo ocurrido.
A pesar de lo sucedido, la denunciante continúa recibiendo cargos mensuales por la membresía y fue contactada mediante una encuesta de satisfacción por parte del hotel, generando críticas sobre la falta de sensibilidad institucional.
El caso ha generado repercusiones más allá del entorno turístico, movilizando llamados ciudadanos para que las autoridades municipales y estatales intervengan. También se ha solicitado que la gobernadora de Guerrero revise el desempeño de la Fiscalía y remueva a la agente señalada.
Los hechos evidencian vacíos institucionales, falta de mantenimiento en instalaciones privadas de alta demanda turística y riesgos asociados a la ausencia de supervisión pública en espacios de recreación. En medio de una zona que depende económicamente del turismo, voces locales y visitantes piden garantías legales, transparencia procesal y responsabilidad empresarial para evitar que hechos como este se repitan.
Este caso sigue en curso y ha comenzado a tomar relevancia nacional. Los familiares exigen que se abra formalmente una carpeta de investigación por presunta negligencia, corrupción e intimidación. Se pide una revisión integral de los protocolos de operación turística, con atención a las condiciones estructurales y las garantías jurídicas para visitantes.