La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó varias disposiciones de la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas Migrantes del Estado de Aguascalientes, tras determinar que estas invadían competencias exclusivas del Congreso de la Unión y afectaban los derechos de los migrantes.
La Corte resolvió que los artículos 6, fracción V, y 25, fracciones II, III, IV y V de dicha ley, imponían obligaciones indebidas a los migrantes, como la obligación de proporcionar información y resguardar documentación, incidiendo en su estatus migratorio y violando la facultad exclusiva de la Federación para regular la condición jurídica de los extranjeros.
Asimismo, el artículo 20, en su primer párrafo, limitaba el derecho de los migrantes a recibir atención médica, restringiéndolo únicamente a los servicios provistos por el sector público. La SCJN determinó que esta disposición contravenía la Ley de Migración, que garantiza el acceso a atención médica tanto en el sector público como en el privado.
La Corte también invalidó el artículo 23, que establecía que la protección a niñas, niños y adolescentes migrantes sería temporal hasta que el Instituto Nacional de Migración determinara su condición migratoria. La SCJN consideró que esta limitación era inapropiada y violaba los derechos de los menores migrantes.
Finalmente, la SCJN anuló la creación de un registro estatal de migrantes de carácter confidencial, prevista en los artículos 4, fracción XI; 24, fracción VII; 29 y 30 de la ley, al concluir que dicha medida interfería con las facultades del Congreso de la Unión en materia migratoria.
La decisión se deriva de la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que impugnó la validez de diversas disposiciones de la ley estatal publicada en noviembre de 2023. La ponencia estuvo a cargo de la ministra Yasmín Esquivel Mossa.
Con esta resolución, la SCJN reafirma la protección de los derechos de las personas migrantes en México y su compromiso con el respeto a la competencia legislativa en materia migratoria.