El gobierno de Estados Unidos difundió un recuento histórico de acciones atribuidas a la República Islámica de Irán y a organizaciones armadas respaldadas por Teherán, señalando que durante casi cincuenta años ciudadanos y militares estadounidenses han sido blanco de atentados, secuestros y ataques coordinados en distintos países. El documento sostiene que Irán ha sido responsable directo o indirecto de la muerte y lesiones de cientos de estadounidenses desde 1979, a través de sus propias fuerzas y de grupos aliados como Hezbolá, Hamás, la Jihad Islámica y diversas milicias en Irak y Siria.
La Casa Blanca enmarca esta relación de hechos en el contexto de la ofensiva ordenada por el presidente Donald Trump para desmantelar las capacidades militares iraníes. Según el gobierno, la estrategia busca destruir misiles, neutralizar la armada iraní y evitar que Teherán alcance una capacidad nuclear. La administración afirma que esta acción responde a una amenaza acumulada durante décadas y a la necesidad de impedir nuevos ataques contra personal estadounidense.
El recuento inicia en 1979 con la toma de la embajada estadounidense en Teherán y el secuestro de 66 diplomáticos durante 444 días. A partir de ese episodio, el documento enumera atentados en Beirut en 1983 que dejaron más de 240 militares estadounidenses muertos, secuestros y asesinatos de funcionarios, ataques suicidas en Jerusalén y Tel Aviv, y atentados contra instalaciones diplomáticas en Medio Oriente y África. También incluye la muerte de soldados estadounidenses en Irak entre 2003 y 2011, atribuida a milicias apoyadas por Irán, así como ataques con cohetes, drones y explosivos en Siria, Irak y Jordania entre 2019 y 2025.
El registro incorpora episodios recientes, como la muerte de tres militares estadounidenses en Jordania en 2024, más de 180 ataques contra fuerzas estadounidenses entre 2023 y 2024, y la acusación en 2024 contra un miembro del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica por conspirar para asesinar al entonces expresidente Trump. También se mencionan secuestros, atentados contra civiles estadounidenses en Israel y agresiones contra contratistas y personal diplomático.
La Casa Blanca sostiene que esta cronología demuestra un patrón sostenido de acciones contra ciudadanos y personal estadounidense, y argumenta que la ofensiva actual busca impedir que Irán mantenga o amplíe su capacidad para realizar ataques similares en el futuro. El documento afirma que la política de Washington se orienta a reducir la capacidad operativa de las milicias respaldadas por Teherán y a limitar el margen de acción del gobierno iraní en la región.