Una editorial publicada por The Wall Street Journal, firmada por Mary Anastasia O’Grady, cuestionó las medidas impulsadas durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de derechos de las audiencias y advirtió que pueden abrir la puerta a restricciones sobre los medios de comunicación en México.
En la columna, titulada “Sheinbaum Moves to Gag Mexico’s Media”, el diario estadounidense sostiene que la iniciativa convierte a un organismo gubernamental en árbitro sobre la información difundida por los medios y puede dar “luz verde a la censura”.
El señalamiento aparece mientras el gobierno mexicano defiende que los nuevos lineamientos buscan proteger a las audiencias frente a las llamadas “noticias falsas” y sostiene que no existe una intención de censurar a los medios.
Nuevos lineamientos, bajo consulta pública
El origen de la controversia está en los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, puestos a consulta pública por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) entre el 27 de julio y el 21 de agosto.
La CRT sustituyó al desaparecido Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Los lineamientos contemplan, entre otros aspectos, códigos de ética, defensores de las audiencias y una diferenciación entre información noticiosa, opinión y publicidad. También establecen mecanismos que podrían derivar en sanciones ante determinados incumplimientos.
El gobierno de Sheinbaum ha defendido la propuesta como una medida para fortalecer los derechos de las audiencias y combatir la difusión de información falsa.
La presidenta ha rechazado que exista una intención de censura.
“No hay censura”, ha sostenido Sheinbaum al referirse a las disposiciones.
Sin embargo, The Wall Street Journal plantea que el problema radica en otorgar al Estado atribuciones para intervenir sobre criterios relacionados con la veracidad de los contenidos difundidos por los medios.
Monitoreo de periodistas y medios genera críticas
La editorial también aborda el análisis presentado por la consejera jurídica del Ejecutivo, Luisa María Alcalde, sobre una supuesta “red de amplificación digital”.
El documento, elaborado a partir de un periodo de siete meses, incluyó referencias a periodistas como Carlos Loret de Mola, Denise Dresser, Adela Micha y Azucena Uresti, así como a medios como El Universal, Reforma, Latinus y Aristegui Noticias.
La inclusión de periodistas y medios provocó cuestionamientos de integrantes de la oposición y organizaciones defensoras de la libertad de expresión, que interpretaron el ejercicio como una forma de identificación y clasificación de voces críticas.
Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, afirmó que este tipo de registros ya genera reportes de hostigamiento.
Por su parte, Artículo 19 cuestionó que el Estado utilice recursos públicos para monitorear, clasificar o señalar a periodistas y medios bajo el argumento de combatir la desinformación. La organización también pidió transparencia sobre la metodología utilizada para elaborar el análisis.
Morena y las críticas a TV Azteca
La controversia también se extiende al discurso de integrantes de Morena contra medios de comunicación.
En asambleas del partido se han escuchado llamados como “Ya no veamos TV Azteca” y “bajarle el switch”, en referencia al medio de comunicación.
Al mismo tiempo, integrantes de Morena han utilizado expresiones como “nado sincronizado” para cuestionar la coordinación que atribuyen a periodistas, medios y voces opositoras.
Estos episodios forman parte del debate sobre la relación entre el gobierno, el partido en el poder y los medios de comunicación, particularmente frente a contenidos críticos de la administración federal.
El debate sobre libertad de expresión llega al exterior
La editorial de The Wall Street Journal coloca el debate mexicano sobre regulación de medios y derechos de las audiencias en el escenario internacional.
El diario sostiene que las medidas deben analizarse no sólo por su objetivo declarado de proteger a las audiencias, sino por las facultades que podrían otorgarse al Estado para intervenir en los contenidos periodísticos.
El gobierno de Sheinbaum mantiene que “no hay censura” y que los lineamientos buscan proteger a las audiencias. Sus críticos sostienen que la regulación puede generar incentivos para la autocensura y reducir el margen de actuación de periodistas y medios.
La discusión ocurre además rumbo a 2027, en un contexto en el que la corrupción, la seguridad y los posibles vínculos entre actores políticos y organizaciones criminales forman parte de los temas que concentran la atención pública.
Con su editorial, The Wall Street Journal incorpora la discusión sobre la libertad de expresión en México a su cobertura de asuntos políticos del país y plantea un cuestionamiento directo a la política de regulación de medios impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum.