La violencia sexual vinculada a los conflictos armados alcanzó en 2025 su nivel más alto desde que las Naciones Unidas mantienen registros sistemáticos sobre este fenómeno. El organismo verificó 9 mil 788 casos durante el último año, más del doble de los documentados en 2024, y advirtió que la cifra representa solo una parte de la magnitud real debido al subregistro y a las barreras que enfrentan las víctimas para denunciar.
El informe más reciente del Secretario General de la ONU fue presentado ante el Consejo de Seguridad por la representante especial sobre la Violencia Sexual en los Conflictos, Pramila Patten, quien afirmó que estos delitos dejaron de ser hechos aislados para convertirse en una herramienta utilizada de manera deliberada en escenarios de guerra. «No recopilamos estos informes simplemente para contar víctimas; los recopilamos porque las víctimas cuentan con nosotros», declaró durante la sesión encabezada por la primera ministra de la República Democrática del Congo, Judith Suminwa Tuluka.
El documento analiza 21 escenarios de conflicto y concluye que la violencia sexual es empleada como táctica de guerra, terrorismo, tortura, represión política y control territorial. Entre los delitos registrados se encuentran violaciones, violaciones colectivas, esclavitud sexual, matrimonios forzados y trata de personas, utilizados para desplazar poblaciones, intimidar comunidades, castigar a opositores y modificar la composición demográfica de regiones bajo disputa.
La República Democrática del Congo, Haití, Sudán y la República Centroafricana concentraron el mayor número de casos verificados por la ONU durante 2025.
El informe señala que cerca del 90 por ciento de las víctimas son mujeres y niñas. Asimismo, casi tres mil menores de edad sufrieron violencia sexual durante el año, lo que representa un incremento del 37 por ciento respecto al periodo anterior. La ONU también documentó agresiones contra hombres y niños, principalmente en centros de detención, donde estos actos son utilizados como mecanismos de castigo, humillación y obtención de confesiones.
Las víctimas identificadas tenían entre un año y más de 70 años de edad. El organismo alertó que los ataques presentan un mayor nivel de violencia y, en diversos casos, fueron acompañados por agresiones físicas extremas e incluso homicidios para impedir que las sobrevivientes pudieran declarar.
El reporte identifica además nuevas modalidades asociadas a la economía de guerra, entre ellas la prostitución forzada, la trata de personas y las amenazas sexuales dirigidas contra mujeres defensoras de derechos humanos y periodistas. También advierte que las armas pequeñas estuvieron presentes en entre el 70 y el 90 por ciento de los casos documentados.
Pese a la dimensión del problema, menos del uno por ciento de la ayuda humanitaria internacional se destina a atender a las víctimas de violencia sexual relacionada con los conflictos, aunque se estima que una de cada cinco mujeres desplazadas o refugiadas ha sufrido este tipo de agresiones.
La investigación de la ONU identifica a 77 actores responsables de estos crímenes, de los cuales 62 corresponden a grupos armados no estatales. Más del 65 por ciento permanece en la lista desde hace al menos cinco años sin haber adoptado medidas para corregir estas conductas.
Entre las nuevas incorporaciones figuran grupos armados de la República Democrática del Congo y Haití, además de dos actores estatales: Israel y la Federación de Rusia. Según Pramila Patten, ambos países fueron notificados previamente por preocupaciones relacionadas con patrones de violencia sexual y restricciones al acceso de observadores independientes, sin que se hayan registrado avances que modifiquen esa situación.
En el caso de Israel, el informe documenta patrones de violencia sexual principalmente en contextos de detención, así como en puestos de control y operaciones militares. Respecto de Rusia, la ONU reporta agresiones sexuales contra prisioneros de guerra, civiles detenidos y personas que permanecen en territorios ocupados desde la invasión a Ucrania iniciada en 2022.
Patten sostuvo que la inclusión de responsables en el informe «no es un instrumento político», sino un mecanismo de protección cuyo propósito es contribuir al fin de estas violaciones.
Durante la sesión también intervino Carine Jocelyn, fundadora del Colectivo de Mujeres Haitianas, quien denunció que las mujeres y niñas de ese país se han convertido en «objetivos sistemáticos» de los grupos armados. La ONU informó que Haití registró un incremento del 163 por ciento en los casos de violencia sexual durante 2025.
Jocelyn describió un sistema judicial sin capacidad de respuesta, cuerpos policiales con recursos limitados y centros de salud destruidos o saqueados, situación que impide brindar atención a las sobrevivientes. Además, solicitó reforzar el embargo de armas al considerar que el tráfico ilegal alimenta la expansión de la violencia. «Los haitianos están cansados de falsas promesas», expresó ante el Consejo de Seguridad.
Como parte de sus recomendaciones, Naciones Unidas pidió fortalecer las sanciones contra los responsables, incrementar el financiamiento para la atención integral de las víctimas, ampliar el despliegue de asesores especializados en protección de mujeres y garantizar que los responsables enfrenten procesos judiciales.
Aunque el informe reconoce avances en países como la República Democrática del Congo, Colombia e Iraq en materia de justicia y reparación para sobrevivientes, el organismo concluye que la impunidad continúa siendo el principal obstáculo para frenar estos delitos.
«Es hora de sustituir la impunidad por la unidad», afirmó Patten al cierre de su intervención. Añadió que el problema no radica en la ausencia de normas internacionales, sino en la falta de voluntad para aplicarlas y hacerlas cumplir.