A casi una semana del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, miles de habitantes de la ciudad salieron a las calles para exigir justicia y manifestar su inconformidad ante lo que consideran una omisión grave por parte de las autoridades estatales y federales.
La marcha, que recorrió las principales avenidas hasta llegar al centro de la ciudad, se convirtió en un acto masivo de protesta. A unos metros del lugar donde ocurrió el homicidio, los asistentes corearon consignas como “Él no murió, el gobierno lo mató”, en referencia directa a la falta de respuesta institucional que, según los manifestantes, permitió el crimen.
El reclamo ciudadano se centró en la exigencia de justicia y en el cuestionamiento a la actuación del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, a quien se le pidió la renuncia. Los gritos de repudio también se dirigieron a la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien se le atribuye haber ignorado las solicitudes de apoyo que el alcalde habría realizado para atender la situación de violencia en la región.
Durante la jornada, Uruapan permaneció parcialmente paralizado. Cientos de negocios cerraron en señal de protesta, sumándose al llamado colectivo por una estrategia de seguridad efectiva. Los manifestantes expresaron que las promesas gubernamentales de recomposición no han sido suficientes, y que la ausencia del Estado en tareas de pacificación sigue siendo el principal motivo de inconformidad.
La movilización ciudadana en Uruapan refleja un clima de tensión social que se mantiene latente, y que pone en evidencia la exigencia de respuestas concretas ante el deterioro de la seguridad pública en la región.