El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió admitir a trámite el amparo promovido por el diputado de Movimiento Ciudadano, Pablo Vázquez Ahued, con el que reclama la omisión del Senado de la República de emitir la declaratoria de constitucionalidad de la reforma al artículo 123, aprobada desde octubre de 2024 y respaldada por 31 congresos locales.
La resolución del Tribunal revierte la decisión inicial del juzgado de distrito, que había considerado improcedente el recurso por tratarse de una reforma constitucional. El órgano colegiado determinó que el caso requiere un análisis de fondo, al existir una distinción entre impugnar una reforma y reclamar la falta de conclusión de una etapa formal del procedimiento legislativo.
El Tribunal precisó que la omisión señalada no se refiere al contenido de la reforma, sino a la falta de emisión de un acto posterior indispensable para culminar el proceso: la declaratoria que permitiría su publicación oficial. Bajo esta perspectiva, concluyó que la demanda debe ser estudiada para determinar si existe una omisión legislativa atribuible a la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado.
La reforma en materia de salarios dignos establece que maestras y maestros de educación básica, policías, integrantes de la Guardia Nacional, personal de las Fuerzas Armadas, así como médicos y enfermeros, tengan derecho a un salario base mensual equivalente al promedio registrado ante el IMSS, actualmente de 20 mil 195 pesos.
Tras conocer la resolución, Vázquez Ahued afirmó que se trata de un avance fundamental, al señalar que resulta injustificable que una reforma aprobada por ambas cámaras y por la mayoría de los congresos estatales permanezca detenida por más de un año. Recordó que ha impulsado diversas acciones legislativas, políticas y jurídicas para exigir que el Senado concluya el trámite pendiente, incluyendo solicitudes formales a la Mesa Directiva, comunicaciones dirigidas a la titular del Ejecutivo y recursos ante la Suprema Corte y el INE.
El legislador sostuvo que la falta de declaratoria constituye una situación inédita en la historia legislativa del país, al tratarse de una reforma que cumple con todos los requisitos constitucionales para su publicación. Subrayó que la omisión impide que millones de trabajadores del sector público accedan a un beneficio que impactaría directamente en áreas esenciales como salud, educación y seguridad.
Con la admisión del amparo, el Tribunal abrió la puerta para que se analice si el Senado ha incumplido con su responsabilidad constitucional. El proceso continuará en las próximas semanas, mientras persiste la exigencia de que la reforma avance hacia su entrada en vigor.