El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT), Reginaldo Sandoval Flores, señaló que entre 35 mil y 50 mil autobuses de pasajeros operan sin autorización en tramos federales, de acuerdo con cifras que calificó como no oficiales, y advirtió que la situación se replica a nivel local.
Durante la inauguración del foro “Transporte para el pueblo; servicio económico de pasajeros”, el legislador sostuvo que la operación irregular y la competencia desleal afectan tanto a los usuarios como a los trabajadores del sector.
Sandoval Flores afirmó que alrededor de 250 mil choferes laboran bajo el esquema de cuenta diaria y sin prestaciones de ley, mientras que corredores metropolitanos y terminales viales, dijo, han sido captados por organizaciones y sindicatos.
Ante este escenario, planteó actualizar el marco jurídico para transparentar la asignación de concesiones y los espacios en las terminales, además de hacer pública la información sobre la capacidad disponible en los andenes y el registro de tarifas de los servicios.
El coordinador petista señaló que, de acuerdo con información de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, existen 899 terminales identificadas, de las cuales 820 son controladas por particulares. A su juicio, esta concentración favorece a las empresas de mayor tamaño y constituye una barrera para el ingreso de nuevos competidores.
“La actual realidad del transporte demanda nuevas modalidades en el tipo de transporte”, sostuvo Sandoval, al plantear que autobuses de menor capacidad puedan prestar el servicio, con el propósito de reducir costos de operación y ampliar la oferta de rutas para los usuarios.
El legislador indicó que el foro busca recoger las posiciones de trabajadores, empresas y otros participantes del sector para construir una propuesta de transporte de pasajeros que atienda las condiciones actuales de operación.
Sandoval Flores aseguró que su bancada continuará con el diálogo para modificar las disposiciones que regulan al sector y estableció como criterio que cualquier cambio legislativo debe partir de las necesidades de quienes trabajan y utilizan diariamente el transporte.
“Cualquier cambio que se proponga debe tener como referencia las necesidades reales de quienes trabajan y utilizan diariamente estos servicios”, afirmó.