Carlos Torres Piña reconoció que al asumir la titularidad de la Fiscalía General del Estado de Michoacán encontró un escenario marcado por la desconfianza entre las instituciones encargadas de la seguridad, al grado de que los operativos conjuntos dejaron de realizarse ante el temor de que la información fuera filtrada.
“Cuando llegué a fiscalía no había esa buena relación o confianza, sobre todo. No había operativos porque decían que se filtraba la información”, afirmó al referirse a las condiciones que prevalecían en la coordinación entre los tres órdenes de gobierno.
El funcionario señaló que la recuperación de la confianza y el establecimiento de mecanismos de coordinación permitieron reactivar los operativos y recuperar capacidad operativa frente a los grupos generadores de violencia.
“A partir de que empezamos a recuperar esa confianza, esa transparencia y la coordinación plena con los tres órdenes de gobierno, es que se empezó a recuperar cierta operatividad”, sostuvo.
Torres Piña informó que durante los últimos diez meses se concretaron ocho detenciones de generadores de violencia identificados como encargados de plaza, una cifra que, de acuerdo con el fiscal, no se había alcanzado en los últimos 12 años.
“Ha habido ocho detenciones relevantes de generadores de violencia que son o eran encargados de plaza que no se tenían en los últimos 12 años”, señaló.
El fiscal atribuyó parte de estos resultados a la participación de las fuerzas federales y a la coordinación establecida con los mandos responsables de la seguridad en el país. Destacó la relación construida con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; el general Ricardo Trevilla Trejo y el almirante Pedro Morales.
“Tener el apoyo de las fuerzas federales es fundamental para Michoacán, sobre todo con el estado de fuerza que tienen aquí”, afirmó.
Sin embargo, Torres Piña descartó que los resultados permitan considerar resuelto el problema de seguridad en la entidad. Reconoció que algunos indicadores delictivos han registrado una reducción, pero advirtió que la estrategia requiere continuidad y que no debe disminuirse la presencia institucional.
“Lo que dice que se ha resuelto, no, para nada, al contrario, no hay que bajar la guardia”, puntualizó.
El funcionario planteó que el objetivo consiste en mantener la coordinación entre las instituciones y avanzar en la recuperación de territorios donde anteriormente no existía control institucional.
“Hay que seguir la misma ruta, hay que trabajar constantemente para ir recuperando esos espacios que anteriormente no se tenía el control”, concluyó.
Las declaraciones colocan la coordinación institucional como uno de los factores centrales de la estrategia de seguridad en Michoacán, pero también dejan abierta la dimensión del desafío: las detenciones de objetivos identificados como generadores de violencia y la reducción de algunos indicadores no significan, de acuerdo con el propio fiscal, que la problemática haya sido resuelta.