En sesión solemne por el Informe de Labores 2024-2025 de la Sala Regional Ciudad de México, el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Gilberto Bátiz García, afirmó que una de las principales lecciones de la transición democrática en México es que la ley se ha convertido en el espacio para procesar diferencias políticas y preservar la democracia. Señaló que, aunque las elecciones construyen gobiernos, es la justicia electoral la que sostiene la confianza pública.
Ante integrantes del Órgano de Administración Judicial y representantes del Poder Judicial federal y local, Bátiz García recordó que la justicia electoral surgió cuando el país decidió resolver sus disputas políticas mediante instituciones y reglas claras, y sostuvo que tres décadas después ese camino sigue vigente. Subrayó que la esencia de la justicia constitucional en materia electoral es garantizar que la voluntad ciudadana se exprese y se respete en la conformación del poder público.
El magistrado presidente destacó que la justicia no puede ejercerse desde la distancia y que los recorridos realizados por las salas regionales permitieron identificar áreas de oportunidad y fortalecer la coordinación interna del Tribunal. Afirmó que esta coordinación es hoy una condición para la estabilidad democrática. También resaltó que cada vez más tribunales locales, organismos electorales, instituciones académicas y centros de mediación se han sumado a la implementación de mecanismos alternativos de solución de controversias como política pública nacional.
La magistrada presidenta de la Sala Regional Ciudad de México, María Cecilia Guevara y Herrera, informó que durante el periodo 2024-2025 se recibieron 822 medios de impugnación, de los cuales 115 fueron revisados por la Sala Superior y solo uno fue revocado. Más de la mitad de los asuntos estuvieron vinculados con el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación. Las entidades con mayor número de casos fueron Ciudad de México, Morelos y Puebla, seguidas por Tlaxcala, Guerrero e Hidalgo.
Guevara y Herrera afirmó que la legitimidad democrática se fortalece mediante independencia judicial y reiteró el compromiso de consolidar el trabajo de la sala regional. Expuso que el objetivo central es garantizar los derechos político-electorales de la ciudadanía de la cuarta circunscripción mediante sentencias que incorporen criterios de dignidad, igualdad y no discriminación, especialmente para grupos vulnerables.
El informe, presentado en representación del pleno de la sala, integrado también por la magistrada Ixel Mendoza Aragón y el magistrado José Luis Ceballos Daza, reiteró que la función jurisdiccional del TEPJF busca asegurar que la ciudadanía cuente con mecanismos efectivos para la defensa de sus derechos en contextos electorales complejos.

