En medio de la discusión nacional sobre posibles reformas al sistema electoral, el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Gilberto Bátiz García, afirmó que México atraviesa un momento de debate público intenso sobre el diseño y la evolución de sus instituciones democráticas. Señaló que esta discusión es parte natural de la vida democrática, pero advirtió que los tribunales electorales operan en un espacio donde derecho y política se encuentran, lo que exige actuar con legalidad, imparcialidad y prudencia institucional.
Durante su intervención en el Informe de Labores de la Sala Regional Monterrey, Bátiz García subrayó que la justicia electoral tiene como función garantizar que los procesos comiciales —mecanismo mediante el cual se renueva el poder político— se desarrollen conforme a la Constitución. Enfatizó que la legitimidad del sistema depende de la confianza en las reglas del juego democrático y sostuvo que esa confianza solo puede sostenerse mediante instituciones capaces de asegurar que la competencia política ocurra dentro del marco legal, “no en las calles, no exponiendo la integridad de la ciudadanía”.
El magistrado recordó que la democracia mexicana se ha construido a lo largo de décadas mediante reformas profundas, acuerdos políticos y la consolidación de órganos encargados de garantizar equidad en la contienda. Reiteró que la responsabilidad del Tribunal Electoral no es intervenir en la competencia política, sino asegurar que esta se desarrolle conforme a la Constitución.
En su informe, la magistrada presidenta de la Sala Regional Monterrey, María Dolores López Loza, detalló que en la II Circunscripción Plurinominal —que abarca Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas— se recibieron 742 medios de impugnación durante el periodo 2024–2025, de los cuales 705 fueron resueltos, lo que representa un avance del 95 por ciento. El tiempo promedio de atención fue de un día y el máximo de 20.5 días.
López Loza informó que se emitieron 608 resoluciones, 565 de ellas en materia jurídico-electoral. Del total, el 72 por ciento quedó resuelto y el 28 por ciento permanece en trámite. Solo el 15.32 por ciento fue impugnado ante la Sala Superior y el 100 por ciento quedó firme, lo que, dijo, refleja estabilidad en los criterios aplicados y alta efectividad en las sentencias.
Al acto asistieron integrantes de la Sala Superior del TEPJF, representantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y autoridades electorales federales y locales, en un contexto donde el funcionamiento de las instituciones electorales vuelve a colocarse en el centro del debate público.