El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEMich) declaró la existencia de la vulneración a los derechos político-electorales de varios funcionarios en la vertiente del ejercicio del cargo, resolviendo ocho medios de impugnación en su sesión pública de este jueves.
La Magistrada Presidenta, Yurisha Andrade Morales, junto con las Magistradas Alma Rosa Bahena Villalobos y Yolanda Camacho Ochoa, analizaron casos en cinco municipios del estado. Entre los asuntos destacados, se abordó el Procedimiento Especial Sancionador TEEM-PES-115/2024, donde los partidos políticos MORENA, del Trabajo y Verde Ecologista de México denunciaron al Presidente Municipal de Chinicuila y otros funcionarios por presuntas infracciones electorales. Sin embargo, el TEEMich determinó la inexistencia de dichas infracciones, aunque declaró la existencia de la culpa in vigilando para el Partido Encuentro Solidario Michoacán.
En otro caso, el Tribunal declaró fundado el Incidente de Incumplimiento de Sentencia del Juicio Ciudadano TEEM-JDC-106/2024, ordenando una multa al Presidente Municipal de Álvaro Obregón, Michoacán, por no cumplir con una sentencia anterior. Además, se vinculó a la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado para ejecutar la medida de manera inmediata.
En el Juicio de la Ciudadanía TEEM-JDC-181/2024, el TEEMich determinó que la Síndica del Ayuntamiento de Álvaro Obregón sufrió una vulneración a sus derechos político-electorales debido a la omisión de información y la reducción de su remuneración. Se ordenó al Ayuntamiento entregar la información requerida y realizar los pagos pendientes a la Síndica, además de dar vista a la Contraloría Interna por posibles faltas administrativas.
Entre otros asuntos, el TEEMich también resolvió la inexistencia de infracciones en el Procedimiento Especial Sancionador TEEM-PES-135/2024, promovido por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) contra el candidato a la Presidencia de Cotija, Michoacán, por supuesta propaganda en lugar prohibido.
Estos fallos del TEEMich refuerzan su compromiso de garantizar el respeto a los derechos político-electorales de los funcionarios y asegurar el cumplimiento de la legalidad en los procesos electorales del estado.