El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la validez constitucional de los artículos 3°, fracción I; 4°; 73 y 127, fracciones IV y X, de la Ley Federal de Competencia Económica, disposiciones que definen el concepto de agente económico, establecen supuestos de responsabilidad solidaria y permiten imponer sanciones como multas e inhabilitación a quienes participen en prácticas monopólicas.
La resolución del Máximo Tribunal determinó que estas normas son compatibles con el principio de presunción de inocencia y no vulneran la prohibición de penas trascendentales. El análisis concluyó que forman parte de un sistema normativo que delimita con precisión los escenarios en los que una persona puede ser considerada responsable cuando participa, directa o indirectamente, en conductas anticompetitivas, lo cual debe evaluarse caso por caso.
El asunto se originó en una resolución de la entonces Comisión Federal de Competencia Económica, que acreditó la participación de una empresa en prácticas monopólicas absolutas en el mercado de producción, distribución y comercialización de tortillas de maíz en Huixtla, Chiapas. La autoridad identificó indicios de un acuerdo entre competidores para manipular precios y limitar la cantidad de producto disponible para cada cliente. Como consecuencia, se impusieron multas y se inhabilitó a una persona por intervenir, en representación o por cuenta de la empresa, en la conducta sancionada.
Con esta decisión, la Corte reafirmó que las herramientas legales para sancionar prácticas monopólicas cuentan con sustento constitucional y que la responsabilidad solidaria puede configurarse cuando existan elementos que acrediten participación efectiva en acuerdos que afecten la competencia. La resolución también envía un mensaje sobre la vigencia del marco regulatorio en materia económica y la obligación de los agentes del mercado de ajustarse a las reglas que prohíben la colusión y otras conductas que distorsionan los precios y el acceso a bienes esenciales.