El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el Congreso de la Unión incurrió en una omisión legislativa absoluta al no expedir la Ley General en materia de Personas Jóvenes, pese a que la Constitución estableció un plazo de un año para emitir esa legislación.
Como consecuencia de la resolución, el máximo tribunal ordenó al Congreso promulgar la ley en un plazo máximo de dos periodos ordinarios de sesiones, al considerar que existe un incumplimiento de un mandato constitucional vigente desde la reforma publicada el 24 de diciembre de 2020.
El caso tuvo su origen en un juicio de amparo promovido por diversas personas jóvenes, quienes argumentaron que la falta de esta legislación impedía hacer plenamente efectivo el reconocimiento constitucional de sus derechos.
Al resolver el asunto, la Suprema Corte reconoció que las personas promoventes cuentan con interés para reclamar la omisión legislativa, al estimar que la ausencia de la ley incide directamente en el ejercicio de los derechos previstos en la Constitución.
Asimismo, el Tribunal Pleno estableció que la falta de discusión y aprobación de la Ley General en materia de Personas Jóvenes puede ser revisada mediante el juicio de amparo, debido a que se trata del incumplimiento de una obligación expresamente prevista en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La Corte explicó que el artículo Segundo Transitorio de la reforma constitucional de 2020 impuso al Congreso de la Unión el deber específico de emitir esa legislación dentro del plazo establecido. Al haber transcurrido dicho término sin que la norma fuera expedida, se configuró una omisión legislativa susceptible de control constitucional.
Los ministros también precisaron que la resolución no implica sustituir las facultades del Poder Legislativo ni definir el contenido de la futura ley, sino verificar el cumplimiento de una obligación constitucional cuyo plazo ya venció.
Con esta determinación, la Suprema Corte ordenó al Congreso de la Unión concluir el proceso legislativo y expedir la Ley General en materia de Personas Jóvenes dentro de los dos próximos periodos ordinarios de sesiones, con el propósito de dar cumplimiento al mandato establecido en la reforma constitucional de 2020.