Facilitar el acceso a la seguridad y la justicia a través del uso del lenguaje ciudadano y el aprovechar las herramientas tecnológicas, mejoraría la percepción que tiene la sociedad sobre el sistema de justicia en México, coincidieron las y los participantes en el Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia, convocado, a nivel nacional, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (La Corte) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
La décimo primera edición de los trabajos del Encuentro Nacional citó a participantes de Aguascalientes, Chihuahua y Durango. El evento reunió a más de 250 personas, entre integrantes de la academia y la sociedad civil de los tres estados, quienes participaron en 20 mesas de trabajo con cuatro ejes temáticos: el acceso a los servicios legales con enfoque en los derechos humanos; los derechos de las víctimas del delito; el Sistema Nacional de Impartición de Justicia; y los estándares del Poder Judicial de la Federación.
Irving Tafolla Dávila, presidente de la Barra de Abogados de Aguascalientes y moderador de la mesa sobre justicia y tecnología, afirmó que la falta de regulación y la resistencia de grupos de litigantes para utilizar tecnologías de la información en los procesos judiciales, complica el aprovechamiento de este tipo de herramientas que ahorrarían horas de trabajo en favor de los justiciables.
Tafolla detalló que contar con esas herramientas facilitaría y acercaría la justicia a todo el país.
“Las ventajas que tiene el socializar la tecnología es, por ejemplo, facilitar el acceso a los expedientes y poder ver un asunto desde Aguascalientes, sin trasladarte a Monterrey o al sur del país”, precisó el presidente de la Barra de Abogados de Aguascalientes.
José de Jesús Suárez Mariscal, del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes, consideró que el uso de tecnologías de la información podría, por un lado, ser positivo al facilitar el acceso de forma remota a expedientes, pero a la vez complicaría el tema de seguridad de los asuntos jurídicos.
“Una parte que también destaca es la falta de la tecnología, que no se ha utilizado y que, desde luego, podría abonar en que muchos de los asuntos no pudieran ser desclasificados; o bien, que algunas personas pudieran entrometerse dentro de los mismos expedientes, a pesar de que no estuviera dentro de sus ámbitos de competencia”, advirtió.
Claudia Alonso Cuéllar, presidenta de la Red de Mediadores, Conciliadores y Facilitadores Certificados, Asociación Civil de Aguascalientes, puntualizó que el lenguaje que se utiliza para litigar en México dificulta que las personas comprendan los temas relacionados con el derecho, entorpeciendo, con ello, su acceso a la justicia.
“Tuvimos la participación de comerciantes, y fue muy enriquecedor lo que ellos dijeron, porque su perspectiva es totalmente diferente (a la visión de los abogados)”, explicó, por lo que decidieron centrarse en los ciudadanos con un lenguaje menos jurídico y más cercano a ellos.
Emma Reynoso Rivera, abogada y mediadora privada certificada ante el Poder Judicial, consideró que la falta de un sistema de capacitación homologada para quienes participan en las diferentes instancias del sistema judicial provoca que no todos los servidores públicos estén preparados para atender los diferentes asuntos y expedientes que se les encomiendan.
En este sentido, planteó el establecimiento de una Auditoria Ciudadana que supervise los resultados de las capacitaciones que se brindan a los representantes del Poder Judicial, y propuso la creación de una “universidad o alguna una institución académica que capacite a todos los involucrados dentro del nuevo sistema de justicia penal acusatorio”.
Lilia Karina Alonso Cuéllar, mediadora certificada por el Poder Judicial de Aguascalientes, aseguró que uno de los grandes pendientes del sistema judicial en México es la falta de profesionalización de los peritos investigadores.
“Se planteó la capacitación de las y los peritos especializados, el profesionalizarlos permitiría que apoyarán en la defensoría de oficio y se tendría una atención más palpable hacia los grupos sociales vulnerables”, estimó.
La próxima sesión del Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia, se realizará el próximo 27 de junio en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.