La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que se equivocó al considerar que una orden de aprehensión podía impedir que Francisco García Cabeza de Vaca se registrara como candidato a la Presidencia de México, luego de que durante su conferencia matutina se revisaran en vivo los requisitos establecidos en la Constitución.
El intercambio ocurrió después de que el exgobernador de Tamaulipas confirmó su intención de competir por la Presidencia en 2030, en una entrevista con la periodista Carmen Aristegui. Una reportera preguntó a la mandataria si la reforma que prepara su gobierno para restringir la doble nacionalidad impediría la eventual candidatura de Cabeza de Vaca y si los procesos legales que enfrenta también constituirían un obstáculo.
Sheinbaum respondió inicialmente que “está muy difícil ser candidata o candidato y lanzar tu candidatura desde otro país”, en referencia a que Cabeza de Vaca reside en Estados Unidos, donde también tiene nacionalidad. Sobre la orden de aprehensión, la presidenta expresó dudas y decidió consultar directamente el texto constitucional.
Durante la conferencia se dio lectura a los requisitos previstos para ocupar la Presidencia de la República. Entre ellos se encuentran ser ciudadano mexicano por nacimiento, ser hijo o hija de padre o madre mexicanos, haber residido en México al menos 20 años y tener 35 años cumplidos al momento de la elección.
El artículo leído no establece una orden de aprehensión como impedimento para registrarse como candidato. Después de escuchar la disposición, Sheinbaum reconoció: “Estaba yo equivocada”.
El ministro en retiro Arturo Zaldívar explicó que la Suprema Corte ya ha analizado casos relacionados con personas sujetas a procesos penales y sostuvo que una orden de aprehensión, por sí sola, no impide el registro de una candidatura. Señaló que utilizar una orden de aprehensión para excluir a una persona de una contienda podría generar un problema constitucional.
Zaldívar agregó que correspondería al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinar, en un caso concreto, si una persona con una orden de aprehensión puede registrarse. De acuerdo con los precedentes que mencionó, el criterio podría ser favorable a permitir la participación electoral. Distinto sería el escenario si durante el proceso se impusiera prisión preventiva, debido a las consecuencias jurídicas que tendría para el ejercicio del cargo.
El debate se produjo mientras el gobierno federal impulsa una iniciativa de reforma constitucional para establecer que quienes aspiren a la Presidencia, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México tengan únicamente la nacionalidad mexicana.
La consejera jurídica de Presidencia, Luisa María Alcalde, explicó que la propuesta modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución. El planteamiento establece que quienes aspiren a esos cargos no tengan ni adquieran otra nacionalidad y, en caso de contar con una segunda ciudadanía, renuncien formalmente a ella antes de solicitar su registro como candidatos.
La iniciativa también plantea que quienes ejerzan esos cargos no puedan adquirir o solicitar otra nacionalidad, invocar ante autoridades extranjeras una nacionalidad distinta a la mexicana, utilizar pasaportes o documentos de identidad expedidos por otro Estado, ejercer derechos políticos derivados de otra ciudadanía ni acogerse a protección diplomática extranjera.
Alcalde señaló que, de aprobarse la reforma constitucional, también tendrían que modificarse disposiciones de la Ley de Nacionalidad para establecer el procedimiento mediante el cual se formalizaría la renuncia a otra nacionalidad.
La propuesta busca incorporar de manera expresa el supuesto de las personas que ya cuentan con otra nacionalidad. De acuerdo con la explicación presentada durante la conferencia, la redacción vigente genera un “vacío” que puede dar lugar a “confusiones interpretativas”.
El argumento central del gobierno federal es que quienes ocupen la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno deben colocar el interés nacional y la soberanía por encima de cualquier otra consideración vinculada con una ciudadanía extranjera.
La iniciativa ocurre en el contexto de la aspiración presidencial anunciada por Cabeza de Vaca, quien posee también la nacionalidad estadounidense y actualmente reside en ese país. El exgobernador enfrenta una orden de aprehensión por presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y ha sostenido que los señalamientos en su contra forman parte de una persecución política.
Con la revisión pública de la Constitución, la conferencia matutina expuso dos asuntos distintos: por un lado, los alcances jurídicos de una orden de aprehensión frente a una eventual candidatura presidencial y, por otro, la intención del gobierno federal de modificar las reglas constitucionales sobre la doble nacionalidad para determinados cargos de elección popular.