La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que el lunes 16 de marzo enviará al Congreso el denominado Plan B de la iniciativa de reforma electoral, cuyo eje central consiste en disminuir los privilegios en congresos locales y municipios mediante la fijación de un tope máximo a los recursos públicos que reciben, además de fortalecer la consulta popular como mecanismo de participación ciudadana.
Durante la conferencia matutina, Sheinbaum sostuvo que el planteamiento responde a un principio que definió como mandato del movimiento: “disminuir los privilegios y fortalecer la decisión de la gente, la participación popular”. Afirmó que la Cuarta Transformación mantiene como objetivo “erradicar el régimen de corrupción y privilegios”, y agregó que “no se nos olvida de dónde vinimos”, al insistir en que la austeridad y la eliminación de beneficios institucionales han generado resultados.
La presidenta estimó que la aplicación del Plan B generaría un ahorro aproximado de 4 mil millones de pesos, recursos que serían destinados directamente a estados y municipios. Para justificar la propuesta, expuso casos como el del Congreso de Baja California, con un costo por legislador de 34.8 millones de pesos; Colima, con 5.1 millones; y Morelos, con 31.8 millones. También señaló que existen municipios con estructuras de regidurías amplias, como Monterrey con 28 regidores y Puebla con 23.
Sheinbaum recordó que al enviar la primera iniciativa de reforma electoral cumplió con el compromiso asumido con la ciudadanía, al considerar que el financiamiento público destinado a partidos políticos y organismos electorales resulta excesivo en un país con necesidades sociales. “Cumplí con la gente y eso para mí es de principios. Yo me comprometí a que iba a enviar una reforma que tuviera que ver con lo que pedía la gente y yo cumplí”, afirmó. Añadió que será relevante observar “quién votó porque disminuyan los privilegios”.
El envío del Plan B abrirá un nuevo proceso legislativo en torno al modelo electoral y al uso de recursos públicos en los órganos de representación, en un contexto donde el Ejecutivo sostiene que la reducción de gastos y la ampliación de mecanismos de consulta forman parte de la agenda central de la transformación política.