El Senado de la República recibió la iniciativa de reforma constitucional presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para modificar el artículo 127 de la Constitución, una propuesta que coloca en el centro del debate legislativo los límites a las remuneraciones, jubilaciones y pensiones de quienes laboran en entidades públicas federales, estatales y municipales. La iniciativa busca ordenar un sistema que, según el documento, requiere coherencia constitucional y un uso más justo de los recursos de la Nación.
El proyecto plantea que ninguna persona servidora pública podrá recibir una remuneración mayor a la establecida para la titularidad del Poder Ejecutivo Federal. Además, establece que ningún trabajador podrá percibir un salario igual o superior al de su superior jerárquico, salvo en casos específicos: desempeño simultáneo de varios empleos públicos, condiciones generales de trabajo, funciones técnicas calificadas o especialización. Incluso en esos supuestos, la suma de retribuciones no podrá exceder la mitad del salario presidencial.
La reforma también fija un límite claro para las jubilaciones y pensiones del personal de confianza en organismos descentralizados, empresas públicas, sociedades nacionales de crédito y fideicomisos paraestatales, tanto federales como estatales y municipales. Ninguna de estas prestaciones podrá superar la mitad de la remuneración presidencial vigente. El documento precisa que quedan excluidas las Fuerzas Armadas, las pensiones derivadas de aportaciones voluntarias a cuentas individuales, los sistemas complementarios financiados con cuotas sindicales y la pensión no contributiva prevista en el artículo 4 constitucional.
Uno de los puntos más relevantes es que el límite aplicará tanto a pensiones futuras como a aquellas ya otorgadas, al tratarse de recursos públicos. La iniciativa sostiene que esta retroactividad es válida conforme a precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha establecido que las reformas constitucionales pueden operar sobre actos pasados sin violar el principio de irretroactividad.
El planteamiento se vincula directamente con el principio de austeridad republicana, que busca evitar privilegios económicos y garantizar que los recursos públicos se destinen al bienestar general. Sheinbaum subraya que la propuesta no elimina derechos ni desconoce pensiones, sino que pretende armonizar los esquemas existentes para asegurar prestaciones justas, sostenibles y acordes con una administración pública moderna.
La discusión legislativa se perfila como una de las más relevantes del periodo, pues involucra el rediseño de un sistema de remuneraciones que impacta a instituciones federales, estatales y municipales.