La presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, reafirmó el compromiso de impulsar una discusión con respaldo institucional sobre la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Delito de Feminicidio, iniciativa que busca establecer criterios uniformes para la investigación y sanción de este delito en todo el territorio nacional.
Durante una reunión de la Comisión para la Igualdad de Género, en la que se definió la ruta para dictaminar la propuesta presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la senadora sostuvo que la nueva legislación permitirá fijar estándares mínimos de investigación con perspectiva de género para evitar que las carpetas relacionadas con la muerte violenta de una mujer sean cerradas por negligencia o prejuicios.
Castillo Juárez subrayó que la reforma garantizará que toda muerte violenta de una mujer sea investigada desde el primer momento como un posible feminicidio, en cumplimiento de los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la sentencia del caso Mariana Lima Buendía.
La legisladora recordó que ese precedente judicial surgió a partir de la lucha de Irinea Buendía, madre de Mariana Lima, quien logró que la Corte estableciera la obligación de investigar con perspectiva de género las muertes violentas de mujeres. Añadió que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia del caso García Andrade y otras contra México, también ordenó al Estado garantizar la reparación integral del daño y la protección de las niñas, niños y adolescentes que quedan en situación de orfandad por este delito.
«Detrás de cada uno de estos expedientes hay una familia que no se rindió», expresó la presidenta del Senado, al señalar que el objetivo del Poder Legislativo es evitar que las víctimas indirectas deban enfrentar procesos judiciales prolongados para obtener verdad y justicia.
La iniciativa plantea homologar el tipo penal de feminicidio en las 32 entidades federativas, con el propósito de que la acreditación, investigación y sanción del delito se realicen bajo los mismos criterios en todo el país.
Castillo Juárez advirtió que actualmente existen diferencias entre los códigos penales estatales que provocan interpretaciones distintas sobre las razones de género requeridas para configurar el delito. Explicó que, en algunas entidades, esos requisitos son tan restrictivos que los casos terminan reclasificados como homicidio simple, lo que obliga a las familias a emprender procesos legales durante años para que el delito sea reconocido como feminicidio.
La senadora sostuvo que esa disparidad ha generado que el acceso a la justicia dependa del estado donde ocurrió el crimen. «Podemos decir que es una lotería territorial de la justicia, y eso es inadmisible en un Estado federal que se reclama garante de la igualdad ante la ley», afirmó.
Con la propuesta, el Senado busca establecer un marco legal uniforme que obligue a las autoridades de procuración de justicia a investigar todos los casos de muerte violenta de mujeres bajo el protocolo de feminicidio desde el inicio de las indagatorias, con el fin de garantizar criterios homogéneos en la atención de las víctimas y sus familias.