El Senado de la República formalizó la declaratoria de aprobación de la reforma constitucional que establece límites a las jubilaciones y pensiones de altos exfuncionarios en entidades públicas, luego de que 20 congresos estatales avalaran la modificación al artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con ello, el decreto quedó listo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
La Mesa Directiva informó al Pleno que la Cámara de Diputados remitió el oficio correspondiente, en el que se acredita el voto aprobatorio de las legislaturas de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y la Ciudad de México.
Durante la sesión, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, subrayó que los recursos públicos provienen del esfuerzo cotidiano de millones de trabajadoras y trabajadores, por lo que resulta indispensable revisar cómo se han distribuido históricamente, especialmente cuando se trata de prestaciones extraordinarias que han beneficiado a una minoría privilegiada.
Castillo Juárez afirmó que la reforma toca “fibras profundas del constitucionalismo mexicano” al eliminar las pensiones millonarias otorgadas a exfuncionarios de altos mandos de confianza en instituciones como la Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos, Nacional Financiera, Bancomext y Luz y Fuerza del Centro. Aclaró que la medida no desconoce el valor del servicio público, sino que lo reivindica, pues el honor de servir al Estado radica en contribuir al bienestar nacional y no en asegurar beneficios desproporcionados al término de la carrera administrativa.
La legisladora destacó que la declaratoria elimina la disparidad entre pensiones que en algunos casos superaban el millón de pesos mensuales y las que reciben la mayoría de los trabajadores en México, que rondan los siete mil pesos. Además, precisó que, con la reforma, ninguna persona podrá recibir una pensión superior a la mitad de lo que perciba la titular o el titular del Ejecutivo federal, lo que pone fin a las llamadas pensiones “doradas” y garantiza que el presupuesto se utilice en beneficio del pueblo.
Con la declaratoria emitida, la reforma constitucional fue enviada al Diario Oficial de la Federación para su publicación y entrada en vigor, marcando un cambio estructural en el régimen de pensiones de las entidades públicas.