En una sesión marcada por el consenso, el Pleno del Senado aprobó con 110 votos a favor un dictamen que busca fortalecer el marco legal para prevenir, sancionar y erradicar los delitos relacionados con la trata de personas, así como ampliar la protección a las víctimas. La propuesta, enviada a la Cámara de Diputados, plantea modificaciones a la Ley General de Educación, la Ley de Migración y la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas.
El proyecto establece la capacitación obligatoria del personal del Instituto Nacional de Migración en materia de género y derechos humanos, con el fin de dotarlos de herramientas que permitan identificar posibles casos de trata y actuar con sensibilidad y eficacia. También refuerza las atribuciones de la Secretaría de las Mujeres para asesorar y capacitar a autoridades migratorias en igualdad de género.
En el caso de niñas, niños y adolescentes acompañados o separados, la reforma prevé que la condición de estancia pueda beneficiar solidariamente a la persona adulta encargada del cuidado cuando exista patria potestad, tutela o guarda y custodia. En el ámbito educativo, la Secretaría de Educación Pública deberá promover en los planes y programas escolares acciones de prevención y detección de redes de captación dentro de las escuelas. A la Secretaría del Bienestar se le mandata diseñar modelos que atiendan causas estructurales del delito.
El dictamen también busca cerrar espacios donde la simulación facilita la explotación. Para ello, se refuerza la vigilancia en terminales de autobuses, puertos, aeropuertos y cruces fronterizos, además de fortalecer la inspección en giros comerciales donde suelen operar redes de trata, como agencias de modelaje, salas de masaje, bares, cantinas, hoteles, cines y servicios por Internet. Asimismo, se impulsa la investigación, campañas de información e iniciativas sociales y económicas orientadas a la prevención.
Durante la discusión, la presidenta de la Comisión de Gobernación, Lilia Margarita Valdez Martínez, subrayó la urgencia de enfrentar el problema: “Lo peor que podemos hacer como seres humanos es taparnos los ojos y no querer ver, y taparnos los oídos y no querer escuchar”. El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, destacó que los cambios propuestos son viables y buscan atacar la fragmentación institucional.
Desde Morena, Juan Carlos Loera de la Rosa señaló que cada caso de trata implica una historia de engaño y violencia, por lo que el dictamen articula una respuesta basada en educación, coordinación institucional y protección a personas migrantes. La senadora Imelda Sanmiguel Sánchez, del PAN, recordó que el delito afecta principalmente a mujeres menores de edad, quienes representan más del 74 por ciento de los casos reportados entre 2015 y 2024.
Karen Castrejón Trujillo, del PVEM, enfatizó que la reforma protege a jóvenes estudiantes y a integrantes de pueblos indígenas y afromexicanos en situación de vulnerabilidad, reforzando la perspectiva de género en la educación formal. Por el PT, Geovanna Bañuelos de la Torre advirtió que México es origen, tránsito y destino de víctimas, por lo que la educación debe formar generaciones capaces de identificar riesgos y cuestionar relaciones de poder que perpetúan la explotación. Amalia Dolores García Medina, de Movimiento Ciudadano, consideró que las reformas son indispensables para capacitar a servidores públicos y cerrar espacios a las redes criminales.
El dictamen avanza ahora a la Cámara de Diputados, donde continuará el proceso legislativo para consolidar un marco más robusto contra uno de los delitos más complejos y extendidos del país.