El Senado de la República aprobó una reforma constitucional que aplaza de 2027 a 2028 la elección del Poder Judicial, una decisión que volvió a colocar en el centro del debate nacional la transformación del sistema judicial y la viabilidad de la reforma impulsada por la mayoría legislativa.
La modificación a diversas disposiciones de la Constitución fue avalada por el Pleno en una sesión marcada por posiciones encontradas entre los grupos parlamentarios. El dictamen obtuvo 87 votos a favor y 40 en contra en lo general, además de un voto adicional en contra registrado en el Diario de los Debates, con lo que alcanzó la mayoría calificada requerida para modificar la Carta Magna.
Posteriormente, durante la discusión en lo particular, senadoras y senadores de Morena, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano presentaron 17 reservas. Ninguna prosperó. La mayoría legislativa mantuvo intacto el contenido del proyecto, que fue aprobado con 86 votos a favor y 40 en contra, además de un voto registrado en contra en el Diario de los Debates.
La reforma fue remitida a los congresos estatales y al Congreso de la Ciudad de México para continuar el procedimiento constitucional.
El aplazamiento de la elección judicial se convirtió en el eje central de la discusión parlamentaria. Desde la tribuna, la senadora de Morena, Martha Lucía Micher Camarena, defendió la propuesta y argumentó que el cambio de fecha busca fortalecer las instituciones y otorgar más tiempo para consolidar las reglas que regirán el nuevo modelo de elección.
La legisladora sostuvo que el objetivo es permitir una mayor participación ciudadana y perfeccionar el marco normativo para que el proceso cuente con “más certeza, transparencia, eficiencia y legitimidad democrática”.
Sin embargo, la oposición interpretó la modificación como una rectificación del modelo aprobado por el oficialismo en 2024.
El senador del PAN, Agustín Dorantes Lámbarri, cuestionó que el gobierno impulse cambios a una reforma que fue presentada originalmente como una transformación estructural del sistema judicial. Afirmó que las modificaciones evidencian improvisación y señaló que la ausencia de filtros de integridad en el diseño inicial permitió la participación de aspirantes presuntamente vinculados con actividades delictivas.
Desde el bloque aliado del oficialismo, la senadora del PVEM, Rocío Corona Nakamura, respondió que las críticas obedecen a la pérdida de mecanismos de influencia que durante años operaron dentro del Poder Judicial. En tribuna afirmó que la reforma busca terminar con prácticas asociadas a cuotas políticas, favoritismos y “padrinazgos”, para sustituirlas por mecanismos que privilegien el mérito profesional.
El debate subió de tono cuando intervino el senador priista Rolando Rodrigo Zapata Bello, quien sostuvo que el nuevo ajuste representa una admisión política sobre las deficiencias de la reforma aprobada hace menos de dos años.
“El hecho de que una reforma presentada como histórica necesite ser corregida tan pronto demuestra que el modelo original fracasó”, planteó el legislador, al advertir que el Congreso está modificando una estructura que aún no ha concluido su implementación.
La defensa más contundente del proyecto llegó por parte de la senadora del Partido del Trabajo, Lizeth Sánchez García, quien aseguró que el fondo de la inconformidad opositora radica en la pérdida de control sobre el Poder Judicial.
“Lo que realmente incomoda a la oposición es que hayan perdido el monopolio que durante años tuvieron sobre el Poder Judicial”, afirmó desde la tribuna.
Añadió que la reforma no elimina los requisitos técnicos ni profesionales para ocupar cargos judiciales, sino que busca abrir la participación ciudadana en la conformación de ese poder del Estado.
Por su parte, el senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, advirtió sobre los riesgos de modificar de manera recurrente la Constitución sin construir consensos amplios.
Durante su intervención señaló que reformar constantemente la Carta Magna corre el riesgo de convertirla en un instrumento “desechable”, además de generar incertidumbre institucional en un contexto donde persisten rezagos judiciales, audiencias suspendidas y retrasos en la impartición de justicia.
La discusión reflejó nuevamente la polarización que ha acompañado la reforma judicial desde su origen. Mientras la mayoría parlamentaria defendió el aplazamiento como una medida para consolidar el nuevo modelo y garantizar mejores condiciones para su aplicación, la oposición sostuvo que el cambio evidencia problemas de diseño y ejecución en una reforma que aún enfrenta cuestionamientos sobre su alcance y sus efectos.
Con la aprobación del Senado, la decisión queda ahora en manos de las legislaturas estatales. Su eventual ratificación permitirá que la elección del Poder Judicial se realice en 2028, modificando el calendario originalmente previsto y prolongando un debate que continúa ocupando uno de los espacios centrales de la agenda política y legislativa del país.