El Senado de la República inició el análisis de una iniciativa que busca reconocer de manera expresa los derechos sexuales y reproductivos en la legislación mexicana, mediante reformas a cuatro ordenamientos federales relacionados con salud, educación, protección de niñas, niños y adolescentes, así como prevención de la violencia contra las mujeres.
La discusión reunió a senadoras y senadores con representantes de dependencias del gobierno federal, organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil, en un ejercicio orientado a revisar el alcance de la propuesta presentada por la senadora Martha Lucía Micher Camarena y construir consensos antes de su dictaminación en comisiones.
La iniciativa fue turnada el pasado 26 de abril a las comisiones de Salud, Igualdad de Género y Estudios Legislativos, donde deberá ser analizada antes de ser sometida a consideración del pleno.
Durante el encuentro, Micher Camarena, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, sostuvo que la propuesta es resultado de años de trabajo entre instituciones públicas y organizaciones de mujeres que han impulsado el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos como parte de los derechos humanos.
La legisladora argumentó que el marco jurídico actual no incorpora de manera explícita la salud sexual y reproductiva como eje rector del sistema nacional de salud, situación que, afirmó, ha limitado el reconocimiento integral de derechos relacionados con la autonomía corporal y el ejercicio de una sexualidad libre de violencia.
“Nos encontramos ante una oportunidad histórica para avanzar hacia una legislación que reconozca de manera expresa estos derechos, que elimine vacíos normativos y que fortalezca las obligaciones del Estado mexicano para garantizar su ejercicio efectivo”, expresó ante representantes de diversas instituciones federales.
La propuesta plantea modificaciones a la Ley General de Salud para reconocer la salud sexual y reproductiva como parte de la salubridad general del país y establecer su carácter prioritario. Además, contempla la prestación de servicios integrales vinculados con anticoncepción, atención obstétrica y prevención de enfermedades de transmisión sexual.
En la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la reforma propone garantizar el acceso a información y servicios adecuados en materia sexual y reproductiva, así como incorporar el principio de autonomía progresiva para reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos cuya protección corresponde al Estado.
Respecto a la Ley General de Educación, la iniciativa busca establecer la educación sexual y reproductiva como una obligación estatal, bajo criterios de evidencia científica, enfoque de derechos humanos, perspectiva de género y adecuación a las distintas etapas de desarrollo de los estudiantes.
Otro de los puntos centrales se encuentra en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias. La propuesta plantea reconocer la violencia obstétrica como una modalidad de violencia de género, además de establecer mecanismos de prevención, atención y sanción.
Durante la reunión, el presidente de la Comisión de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, destacó el carácter integral de la iniciativa y llamó a las dependencias participantes a presentar observaciones que permitan construir acuerdos antes de la elaboración del dictamen.
“Exhorto a que cada dependencia llegue a su consenso y vayan dando sus opiniones para que ya se viertan en la iniciativa”, señaló.
Desde la oposición, el senador Luis Donaldo Colosio Riojas consideró que la propuesta responde a una demanda pendiente en el país y sostuvo que el debate sobre derechos reproductivos también involucra aspectos científicos y de salud pública.
Por su parte, el senador Juan Carlos Loera de la Rosa afirmó que las reformas podrían contribuir a fortalecer la planeación familiar entre las nuevas generaciones y ampliar el acceso a estos derechos en comunidades alejadas.
El respaldo también llegó desde el ámbito educativo. Gabriela Hernández Martínez, representante de la Subsecretaría de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública, señaló que la iniciativa puede contribuir a los objetivos de la Nueva Escuela Mexicana, particularmente en el nivel medio superior.
A su vez, Aidé García Hernández, directora ejecutiva de la organización Católicas por el Derecho a Decidir, reconoció los avances alcanzados por México en materia de derechos sexuales y reproductivos, pero consideró necesario que esos principios queden establecidos de manera explícita dentro del marco jurídico nacional.
Con el inicio de este proceso de análisis, el Senado abre una discusión que involucra aspectos de salud pública, educación, igualdad de género y derechos humanos. El siguiente paso será la construcción del dictamen en comisiones, donde legisladores, autoridades y organizaciones buscarán definir el alcance final de una reforma que pretende incorporar de manera expresa estos derechos en la legislación federal.