La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que el artículo 231, fracción III, de la Ley Federal del Derecho de Autor es constitucional y puede aplicarse para sancionar la explotación comercial de obras protegidas sin autorización. El fallo establece que la norma define con claridad las conductas sancionables y no permite márgenes discrecionales, lo que refuerza la protección jurídica frente al uso no autorizado de obras artísticas.
El caso se originó cuando un autor cedió temporalmente los derechos patrimoniales de dos dibujos a una empresa, con un límite de un año o 500 mil publicaciones. Tras vencerse el plazo, detectó que sus obras seguían circulando en productos comerciales, particularmente cajas de pañuelos desechables. Presentó un procedimiento ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que inicialmente solo sancionó la comunicación pública prevista en la fracción I del artículo 231.
El autor impugnó esa resolución y un tribunal colegiado determinó que también se actualizaba la infracción por comercialización de copias sin autorización, prevista en la fracción III. El asunto llegó a la Suprema Corte para analizar la constitucionalidad de dicha disposición.
El Pleno concluyó que la fracción III cumple con los principios de legalidad y taxatividad, al describir de manera precisa la conducta sancionable: la circulación y explotación comercial de copias no autorizadas. La Corte sostuvo que esta figura no constituye una sanción penal ni una contribución fiscal, por lo que no se vulneran los artículos 22 ni 31, fracción IV, de la Constitución. También determinó que no existe doble sanción por el mismo hecho, ya que la fracción I y la fracción III tutelan ámbitos distintos: una sanciona la comunicación pública y la otra la comercialización de copias.
El Tribunal señaló que la norma es compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues la multa derivada de esta infracción no tiene naturaleza penal y persigue un fin legítimo: garantizar la eficacia del sistema de protección de derechos de autor.
Con esta resolución, la Corte reafirma que la explotación comercial no autorizada de obras protegidas puede ser sancionada con claridad y sin abusos, y que el marco legal vigente ofrece herramientas suficientes para proteger a los creadores frente al uso extendido e indebido de sus obras.