La diputada de Morena por el distrito de Apatzingán, Sandra Garibay, advirtió que la presencia de minas terrestres en comunidades rurales mantiene a la población bajo un clima de miedo y terror, al tiempo que acusó indolencia e indiferencia de las autoridades frente a una crisis que ha dejado personas fallecidas, lesionadas y familias desplazadas.
Durante sus declaraciones, la legisladora evitó calificar la situación como un acto de terrorismo; sin embargo, sostuvo que las condiciones de inseguridad que enfrentan los habitantes han transformado por completo la vida cotidiana de quienes dependen del trabajo agrícola.
«Apatzingán no merece vivir así… no merecemos vivir así, pero la gente vive con miedo y terror», afirmó.
Garibay señaló que en los últimos meses se han registrado nuevas explosiones de minas antipersonales. Recordó que hace unas semanas fallecieron varias personas por la detonación de uno de estos artefactos y que recientemente un joven dedicado al corte de limón perdió un pie tras una explosión.
«Imagínate este chavo que le amputaron su pie, es cortador de limón. ¿Cómo le cambia su calidad de vida?», cuestionó al referirse al impacto permanente que estos hechos tienen sobre las familias cuya economía depende del trabajo en el campo.
La diputada identificó a las comunidades de El Guayabo y Cueramato como dos de las zonas con mayores afectaciones. Explicó que habitantes de ambas localidades han tenido que abandonar sus hogares ante el riesgo que representan los explosivos colocados en caminos y accesos.
Según relató, en El Guayabo la población permanece prácticamente inmovilizada debido a que los artefactos explosivos rodean la comunidad.
«El Guayabo está rodeado de minas… la carretera Apatzingán-El Guayabo, rumbo al Alcalde, rumbo a Llano Grande, todas esas comunidades tienen minas», declaró.
La legisladora explicó que esta situación ha impedido que decenas de familias salgan a trabajar o incluso a adquirir alimentos, ya que gran parte de los habitantes obtiene ingresos diarios mediante el corte de limón.
«La gente me decía que no podían salir ni a trabajar ni a comprar comida, porque hay gente que vive al día», señaló.
Aunque reconoció que elementos del Ejército Mexicano han realizado labores para localizar y desactivar explosivos, afirmó que la población considera insuficientes estas acciones debido a que no existe certeza de que no continúen apareciendo nuevos artefactos.
Garibay también denunció que las familias desplazadas enfrentan afectaciones emocionales y económicas. Relató que durante sus recorridos ha encontrado niñas y niños con cuadros de ansiedad derivados de la violencia y personas que abandonaron viviendas construidas durante años por temor a nuevas explosiones.
En ese contexto, lanzó un señalamiento directo hacia las autoridades de los distintos órdenes de gobierno al acusar una respuesta insuficiente frente a la emergencia.
«Sí hay indiferencia, yo quisiera que ya voltearan a ver a Apatzingán», expresó.
La legisladora agregó que esa falta de atención también se refleja en el sistema de salud. Como ejemplo, mencionó que la familia del joven lesionado tuvo que adquirir medicamentos por su cuenta debido a que el hospital no contaba con los insumos necesarios para su atención.
Respecto a la estrategia de seguridad, Sandra Garibay sostuvo que es necesario fortalecer la coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipal, al considerar que el intercambio de responsabilidades ha impedido responder con mayor eficacia a la problemática.
Aunque rechazó definir los hechos como terrorismo, insistió en que las condiciones que enfrentan las comunidades son incompatibles con una vida cotidiana normal y demandó que la crisis sea atendida con acciones conjuntas.
«Estamos alzando la voz… estamos denunciando el tema para que se nos voltee a ver desde los tres niveles de gobierno», concluyó.