El mundo invierte menos de una cuarta parte de los recursos necesarios para recuperar las tierras degradadas, mientras el costo económico de no actuar asciende a por lo menos 878 mil millones de dólares anuales, advirtió la vicesecretaria general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Amina J. Mohammed.
Durante la COP17 de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (UNCCD), Mohammed señaló que la restauración de tierras debe ser considerada una cuestión económica y no únicamente ambiental, debido a sus efectos sobre la producción agrícola, los ingresos, el empleo, los precios de los alimentos y el gasto público frente a sequías y otras crisis.
“Al ritmo actual, estamos en camino de invertir apenas unos 77 mil millones de dólares al año de los 355 mil millones que se necesitan”, afirmó durante un encuentro de alto nivel sobre financiación.
La diferencia entre los recursos disponibles y los requeridos limita la posibilidad de ampliar proyectos de recuperación de suelos, protección de pastizales y manejo del agua que ya se aplican en distintos países.
Según las estimaciones presentadas en la conferencia, restaurar las tierras podría generar alrededor de 1.8 billones de dólares en beneficios anuales, con un retorno económico de entre siete y 30 dólares por cada dólar invertido.
“Una tierra sana no es un lujo ambiental. Es capital productivo”, sostuvo Mohammed. “El suelo es infraestructura. Las cuencas hidrográficas son infraestructura. Los pastizales son activos productivos”.
Hasta 40% de las tierras del planeta están degradadas, mientras que desde el año 2000 las sequías han aumentado 29% en frecuencia y duración. Para 2050, hasta tres de cada cuatro personas podrían verse afectadas por sus consecuencias.
Planes nacionales sin recursos para ejecutarlos
Más de 70 países han elaborado planes nacionales contra la sequía con apoyo de la UNCCD. Sin embargo, Mohammed cuestionó que los gobiernos deban diseñar estrategias sin contar posteriormente con los recursos necesarios para ejecutarlas.
“No se les debería pedir que elaboren planes nacionales para después dejarlos buscando los medios para ejecutarlos”, declaró. “La financiación tiene que estar disponible para invertir en las prioridades que los propios países han establecido”.
La funcionaria de la ONU planteó incorporar la salud de la tierra y la resiliencia frente a la sequía en los presupuestos nacionales, los planes de inversión pública y las estrategias de desarrollo.
También propuso revisar los subsidios que incentivan prácticas agrícolas insostenibles o un uso ineficiente del agua, así como utilizar recursos públicos y garantías para reducir riesgos y atraer inversión privada.
Restauración y medios de vida
La experiencia de la Gran Muralla Verde en África muestra el alcance que pueden tener los programas de recuperación de tierras cuando se vinculan con la producción y el empleo.
La iniciativa, concebida inicialmente como una franja de vegetación a través del Sahel, evolucionó hacia una estrategia de restauración que también busca generar alimentos, ingresos y oportunidades laborales para las comunidades.
Más de 20 millones de hectáreas han sido restauradas mediante esfuerzos vinculados con la iniciativa y otros proyectos que se extienden más allá de su corredor original. En Níger, los agricultores han regenerado alrededor de cinco millones de hectáreas.
En el Sahel y la cuenca del lago Chad, donde la degradación de la tierra y las sequías coinciden con conflictos, inseguridad y falta de oportunidades, la restauración también tiene implicaciones sociales.
“Restaurar la tierra no pondrá fin a los conflictos. Pero puede ayudar a recuperar los medios de vida y las oportunidades que dan a las personas un interés en la paz”, afirmó Mohammed.
Derechos sobre la tierra
La ONU también colocó en el centro del debate los derechos de quienes trabajan las tierras que deben ser restauradas. Agricultores, pastores y comunidades cuentan con conocimientos acumulados durante generaciones, pero en numerosos casos carecen de derechos seguros sobre los terrenos o de participación en las decisiones relacionadas con las inversiones.
“No podemos pedir a las personas que restauren la tierra mientras les negamos derechos significativos sobre ella”, advirtió la funcionaria.
La brecha afecta de manera particular a las mujeres. En 86% de los países que proporcionan datos a Naciones Unidas sobre tenencia de tierras, menos mujeres que hombres cuentan con derechos seguros sobre tierras agrícolas.
Mohammed citó el caso de una cooperativa de mujeres encabezada por Florence Banou en Bandiagara, Mali, donde la recuperación de tierras degradadas permitió aumentar la producción local de alimentos. Después de observar los resultados, el municipio otorgó al grupo cuatro acres adicionales para ampliar sus actividades.
Para la vicesecretaria general, los derechos sobre la tierra deben acompañarse de acceso a financiamiento, capacitación, tecnología y mercados, con el objetivo de que las mujeres puedan participar en los beneficios económicos derivados de la restauración.
La discusión en la COP17 plantea así una brecha entre el costo de la degradación y los recursos destinados a revertirla: mientras la pérdida de tierras productivas genera una factura anual de al menos 878 mil millones de dólares, la inversión actual se mantiene en 77 mil millones, frente a los 355 mil millones requeridos.
“Una tierra sana ofrece a las personas algo fundamental: la posibilidad de construir un futuro allí donde ya pertenecen y pueden prosperar”, concluyó Mohammed.