Las remesas enviadas a México acumularon cinco meses consecutivos de crecimiento al cierre de junio de 2026, pese al endurecimiento de las políticas migratorias y financieras impulsadas por el gobierno de Estados Unidos, de acuerdo con un análisis de BBVA Research basado en cifras del Banco de México. El reporte concluye que las nuevas medidas podrían tener un impacto limitado sobre los flujos de dinero debido a la composición de los hogares migrantes mexicanos.
Durante junio ingresaron al país 5 mil 471.8 millones de dólares por concepto de remesas, monto que representa un incremento anual de 4.2 por ciento. Con este resultado, los envíos de recursos desde el extranjero registraron aumentos consecutivos desde febrero, consolidando una tendencia positiva en la primera mitad del año.
En el acumulado de enero a junio, México recibió 30 mil 759.2 millones de dólares, cifra superior en 3.1 por ciento a la observada en el mismo periodo de 2025. Durante junio se realizaron 13 millones de operaciones de envío, un crecimiento anual de 0.3 por ciento, mientras que el monto promedio de cada remesa se ubicó en 422 dólares, 3.9 por ciento más que un año antes. Sin embargo, al descontar la inflación y considerar el tipo de cambio, el poder adquisitivo de esos recursos disminuyó 8.3 por ciento respecto de junio de 2025.
El estudio identifica que la mayor parte de las entidades federativas incrementó la recepción de remesas durante el primer semestre del año. Guanajuato encabezó la lista con 2 mil 705 millones de dólares, seguido por Michoacán, Jalisco, Ciudad de México y Estado de México. Entre los mayores incrementos porcentuales destacan Ciudad de México, Quintana Roo, Sinaloa y Baja California Sur, mientras que entidades como Jalisco, Estado de México, Querétaro, Chiapas y Tabasco registraron retrocesos.
El reporte también analiza la orden ejecutiva emitida el 19 de mayo por el presidente Donald Trump, orientada a restringir el acceso de migrantes sin situación migratoria regular al sistema financiero estadounidense. Entre las medidas se contemplan mayores controles para abrir cuentas bancarias, realizar transferencias internacionales y acceder a diversos productos financieros, al considerar la regulación financiera como una extensión de la política migratoria y de seguridad fronteriza.
Como parte de la implementación de esa estrategia, autoridades financieras estadounidenses emitieron alertas dirigidas a bancos e instituciones de crédito para reforzar la vigilancia sobre operaciones vinculadas con sectores donde existe una alta participación de trabajadores migrantes, entre ellos la construcción, la agricultura, la hotelería, los servicios domésticos y las agencias de empleo. También se establecieron indicadores para detectar operaciones consideradas de riesgo, como el uso de cuentas abiertas con Número de Identificación del Contribuyente (ITIN) destinadas principalmente al envío de remesas.
El documento advierte que aún permanecen pendientes nuevas disposiciones derivadas de la orden ejecutiva. Entre ellas figuran el fortalecimiento de los requisitos de identificación de clientes, la incorporación de información sobre estatus migratorio dentro de los procesos de debida diligencia y mayores restricciones al uso de matrículas consulares como medio de identificación para acceder al sistema financiero.
No obstante, BBVA Research sostiene que el impacto de estas medidas sobre el flujo de remesas podría ser limitado, ya que en los hogares mexicanos radicados en Estados Unidos suele existir una condición migratoria mixta, donde conviven personas sin documentos con familiares o conocidos que cuentan con residencia permanente o ciudadanía estadounidense.
El análisis plantea que, en caso de endurecerse las restricciones, esos integrantes con situación migratoria regular podrían asumir el envío de recursos hacia México, reduciendo así el efecto de las nuevas políticas sobre las remesas familiares.