La regidora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Edna Martínez Nambo, manifestó su voto en contra del dictamen que autoriza la contratación de un nuevo financiamiento a corto plazo por 94 millones 715 mil 334 pesos con 90 centavos, argumentando que esta medida refleja una deficiente planeación financiera y una dependencia recurrente hacia la deuda.
Durante la sesión de Cabildo, la regidora señaló que la administración municipal ha convertido el endeudamiento en una práctica sistemática en lugar de un mecanismo extraordinario.
Martínez Nambo, explicó que el pasivo total del Ayuntamiento alcanzó los 925 millones de pesos al cierre de marzo de 2026, lo que representa un incremento alarmante de 175 millones de pesos respecto a marzo de 2025, cuando la cifra era de 750 millones de pesos.
La regidora enfatizó que el dictamen presentado carece de la información mínima necesaria para garantizar un ejercicio responsable del gasto público.
Entre las debilidades señaladas por Edna, destacan que el documento no presenta una lista de proveedores a pagar, ni identifica a los contratistas beneficiados o las obras específicas que serían cubiertas.
No se establecen montos individualizados, la antigüedad de los adeudos, ni el orden de prelación para los pagos, incluyendo los pendientes laborales y finiquitos.
El texto se limita a mencionar «necesidades de corto plazo» sin definir concretamente los compromisos que justifican el préstamo, lo que, a juicio de la regidora, constituye un «cheque en blanco».
Edna, también cuestionó la salud financiera de la administración, al señalar que durante el primer trimestre de 2026 se realizaron ampliaciones presupuestales por más de 68 millones de pesos, principalmente en inversión pública y gasto de capital, lo cual contradice el argumento de «insuficiencia financiera» para cubrir obligaciones básicas.
«La deuda no puede convertirse en una política permanente de administración pública; debe ser excepcional, justificada y transparente», puntualizó la regidora.
Finalmente, reafirmó que su voto en contra responde a una postura de responsabilidad financiera y prudencia presupuestal, al considerar que la estrategia actual no está resolviendo el problema estructural de las finanzas municipales, sino únicamente trasladando las obligaciones hacia el futuro.