La Cámara de Diputados abrió un nuevo frente de discusión en materia de derechos de la niñez con la iniciativa presentada por la diputada federal Mónica Sandoval Hernández, quien propuso modificar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para incorporar explícitamente la protección contra la violencia vicaria. La legisladora sostuvo que el marco jurídico actual resulta insuficiente ante una problemática que, hasta 2023, afectaba a más de 20 mil personas.
Sandoval Hernández planteó que el Artículo 103, dedicado a garantizar un entorno afectivo y libre de violencia para el desarrollo integral de la niñez, debe incluir una referencia directa a la violencia vicaria como forma de agresión que vulnera el interés superior de niñas, niños y adolescentes. Recordó que, pese a avances en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, persiste la falta de armonización entre legislaciones locales, aun cuando la Constitución establece que todas las decisiones del Estado deben priorizar la protección de la niñez.
La diputada citó datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México, que reportó un incremento de más de 592 por ciento en atenciones hospitalarias por violencia familiar entre 2010 y 2023, alcanzando 20,585 casos en el último año registrado. Señaló que la violencia vicaria genera secuelas profundas en la salud mental y el desarrollo emocional, afectando la capacidad de las infancias para crecer en entornos seguros.
En la exposición de motivos, Sandoval Hernández describió que este tipo de violencia se manifiesta mediante manipulación, exposición a agresiones y, en casos extremos, homicidios cometidos como acto de venganza. Afirmó que el Estado mexicano ha fallado históricamente al considerar los conflictos familiares como asuntos privados, lo que ha permitido que decisiones judiciales sin perspectiva de género otorguen custodias a padres agresores, perpetuando dinámicas de control y afectación hacia las madres.
La legisladora advirtió que los daños emocionales derivados de la violencia vicaria no solo afectan el desarrollo individual, sino que erosionan el tejido social al reproducirse en generaciones posteriores. Por ello, llamó a elevar la discusión a un nivel de prioridad nacional y a revisar el sistema judicial para evitar que se convierta en un actor involuntario en la reproducción de estas violencias.
La iniciativa será turnada a comisiones para su análisis, en un contexto donde la protección de la niñez y la armonización legislativa en materia de violencia de género se mantienen como temas centrales en la agenda parlamentaria.