El 25 de febrero de 2026 la Presidencia de la República presentó una iniciativa de reforma constitucional en materia electoral que busca modificar de manera amplia la integración del Congreso, el financiamiento de los procesos electorales y los mecanismos de participación ciudadana. El proyecto plantea diez ejes centrales que abarcan desde la representación proporcional hasta la prohibición de la reelección inmediata.
La propuesta mantiene el número de 500 diputaciones en la Cámara de Diputados, pero introduce ajustes en su composición: 300 serían electas por mayoría relativa en distritos electorales y 200 bajo representación proporcional con nuevas reglas. De estas últimas, 97 se asignarían a los candidatos con mejores resultados dentro de cada partido aunque no hayan ganado, 95 se elegirían por circunscripción y partido político garantizando paridad de género, y 8 corresponderían a mexicanos residentes en el extranjero. En el Senado se establece un total de 96 escaños, de los cuales 64 serían por mayoría relativa y 32 por primera minoría.
En materia de gasto, la iniciativa plantea un recorte del 25% en el costo de las elecciones, incluyendo al INE, partidos políticos, OPLES y tribunales electorales. Se ajustan sueldos y bonos de consejeros y altos mandos del INE conforme al artículo 127 constitucional, se elimina la duplicidad de funciones en órganos electorales, se reduce el gasto en Congresos federal y locales y se limita el número de regidurías municipales a un máximo de 15 según la población.
El proyecto también refuerza la fiscalización y transparencia al otorgar al INE acceso directo y oportuno a las operaciones financieras de partidos y candidatos, prohibir aportaciones en efectivo y obligar a que los recursos se manejen dentro del sistema financiero, además de incorporar nuevas tecnologías en la fiscalización.
En cuanto al voto en el extranjero, se facilita la participación de mexicanos residentes fuera del país mediante la diputación migrante. En medios de comunicación, los tiempos oficiales en radio y televisión se reducen de 48 a 35 minutos diarios por emisora durante los periodos electorales.
La iniciativa regula el uso de inteligencia artificial en campañas y prohíbe el uso de bots y mecanismos artificiales en redes sociales. Los cómputos distritales iniciarían inmediatamente al término de la jornada electoral, buscando agilizar resultados.
En el ámbito de democracia participativa, se amplían los instrumentos de referéndum, plebiscito, consulta popular y revocación de mandato a estados y municipios, con posibilidad de implementar voto electrónico. Se refuerza la prohibición constitucional de heredar cargos de elección popular a familiares directos y, finalmente, se establece que a partir de 2030 quedará prohibida la reelección consecutiva en todos los cargos de elección popular.
La iniciativa presidencial configura un rediseño del sistema electoral mexicano, con énfasis en austeridad, fiscalización tecnológica y ampliación de la participación ciudadana. El debate legislativo definirá el alcance de estas modificaciones en la estructura política nacional.