En el marco de la discusión legislativa sobre la reforma a la Ley General de Aguas y la Ley de Aguas Nacionales, el diputado de Morena Carlos Palacios Rodríguez afirmó que el objetivo central de las modificaciones es asegurar la distribución del vital líquido como derecho humano y poner fin al acaparamiento por parte de grandes usuarios privados.
El legislador jalisciense señaló que, de acuerdo con investigaciones de la Universidad Autónoma Metropolitana, cerca de tres mil grandes concesionarios concentran más de 13 mil millones de metros cúbicos de agua al año, lo que representa 22.3 por ciento del total concesionado en el país. La mayoría de estas extracciones provienen de acuíferos sobreexplotados, lo que evidencia que apenas uno por ciento de los usuarios usufructúa una quinta parte del recurso nacional.
Palacios Rodríguez subrayó que este fenómeno se ha visto agravado desde la promulgación de la Ley de Aguas Nacionales de 1992, que permitió la concentración de concesiones en manos de corporativos y particulares. Entre los beneficiarios, mencionó a empresas como Kimberly Clark, Banco Azteca, FEMSA, Bachoco, Herdez, Lala y mineras como GoldCorp y Grupo México, además de señalar a figuras políticas vinculadas al Partido Acción Nacional.
El diputado citó publicaciones de medios como Milenio y Sin embargo, que documentan el caso del expresidente Vicente Fox y su familia, quienes acumulan 18 concesiones en San Francisco del Rincón, Guanajuato, con un volumen total de 2.1 millones de metros cúbicos, equivalente al consumo anual de una comunidad completa. Según los registros de Conagua, varios de estos títulos siguen vigentes desde finales de los años noventa.
Asimismo, mencionó al dirigente panista Marko Cortés, con concesiones en Jalisco que le permiten extraer más de 180 mil metros cúbicos, vigentes hasta 2047 y 2028 respectivamente. También se refirió a exgobernadores como Miguel Márquez Márquez e Ignacio Loyola Vera, quienes habrían sido beneficiados por el esquema vigente.
Palacios Rodríguez insistió en que la reforma busca terminar con lo que calificó como un “cártel del agua”, integrado por políticos y empresarios que concentran el recurso en detrimento de pequeños productores y comunidades. Reiteró que la información difundida por los medios no ha sido desmentida por los aludidos y sostuvo que el Congreso tiene la responsabilidad de garantizar un marco legal que priorice el acceso equitativo al agua como derecho humano fundamental.
La crónica legislativa refleja un debate que se perfila como uno de los más relevantes en la agenda del Congreso, al enfrentar intereses privados con la exigencia social de un manejo justo y sostenible del recurso hídrico.