El segundo informe de gobierno de la presidenta municipal de Quiroga, Alma Mireya González Sánchez, traza un balance que combina acciones en servicios públicos y obra con la admisión de rezagos estructurales y decisiones financieras que han generado cuestionamientos. Desde el inicio, la alcaldesa fijó una línea de confrontación con el pasado al señalar que su administración recibió “necesidades acumuladas” y problemas sin resolver, y que su prioridad ha sido actuar. “No llegamos para lamentarnos… llegamos para enfrentar y tomar decisiones”, sostuvo.
El informe coloca como eje central la recuperación del control operativo del municipio a través de servicios básicos. En ese sentido, la recolección de residuos se presenta como indicador clave, con un promedio de 18 toneladas diarias y la ampliación de cobertura en colonias, comunidades y zonas rurales. A esto se suma el alumbrado público, donde se reporta la atención de más de mil 500 solicitudes, reparación de luminarias e instalación de nuevas unidades LED, acciones que la administración vincula directamente con condiciones de seguridad.
En paralelo, el gobierno municipal informó intervenciones en el tiradero municipal, mejoras en accesos y control del sitio, así como acciones de vigilancia ambiental y reforestación. Estas medidas son presentadas como parte de una estrategia que busca cerrar el ciclo del manejo de residuos y atender impactos ambientales.
En materia social, el informe detalla una política centrada en la atención directa: más de 13 mil sesiones de rehabilitación, entrega de apoyos médicos, programas alimentarios y acciones de vivienda con inversión superior a 1.9 millones de pesos, beneficiando a miles de familias. El discurso recurre de forma constante a testimonios individuales para sustentar el impacto, lo que refuerza un enfoque asistencial como principal herramienta de intervención.
Sin embargo, el punto de mayor tensión del informe se ubica en la defensa del adelanto de participaciones por más de 13 millones de pesos, decisión que fue objeto de críticas. La presidenta municipal no solo sostuvo la legalidad de la medida, sino que afirmó que volvería a tomarla para atender necesidades urgentes.
La administración argumenta que la obra pública debe evaluarse por su impacto en servicios esenciales —agua, drenaje, iluminación— y no por su volumen. Bajo esa lógica, se plantea una política de obras integrales; no obstante, el propio informe reconoce que persisten carencias en infraestructura y que “falta mucho por hacer”, lo que evidencia una brecha entre los avances reportados y la magnitud de los rezagos.
En el plano político, la alcaldesa respondió a cuestionamientos sobre el manejo de recursos con un mensaje directo: “No tenemos nada que ocultar, tenemos resultados que defender”, en referencia a críticas sobre transparencia y ejecución de obra.
Durante el evento, el titular de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno de Michoacán, Luis Navarro García, respaldó la estrategia financiera del municipio y el uso de adelantos presupuestales como mecanismo para acelerar obra sin trasladar cargas a futuras administraciones. Su postura se alinea con el enfoque estatal de que la administración de recursos públicos debe traducirse en resultados visibles y no limitarse a la contención del gasto.
El funcionario también subrayó que la disciplina financiera permite ampliar inversión sin recurrir a endeudamiento, y que el objetivo es que cada peso público se refleje en servicios, infraestructura y atención social, en coordinación entre niveles de gobierno.
El informe incluye además la gestión de recursos externos, entre ellos la aprobación de más de 19 millones de pesos para infraestructura hidráulica, así como fondos estatales y federales destinados a obra pública, programas sociales y fortalecimiento institucional.