La diputada Olga Lidia Herrera Natividad, del Partido del Trabajo, presentó una iniciativa para tipificar la suplantación de identidad como delito autónomo en el Código Penal Federal, con penas de cuatro a cinco años de prisión y sanciones económicas que podrían alcanzar hasta tres mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
La propuesta plantea adicionar un Capítulo VII Bis al Título Decimotercero del ordenamiento penal, con el objetivo de definir de manera específica esta conducta. De acuerdo con el planteamiento, comete este delito quien, sin autorización, utilice, obtenga, reproduzca o altere datos personales, biométricos, credenciales o cualquier elemento de autenticación para asumir la identidad de otra persona, atribuirse su representación o realizar actos jurídicos o materiales en su nombre, con el fin de obtener un beneficio indebido o causar un perjuicio.
El proyecto establece agravantes cuando la suplantación se realice mediante tecnologías de inteligencia artificial, algoritmos o herramientas capaces de generar contenido con apariencia auténtica, como voz, imagen o video. También prevé incrementos de pena cuando se afecte el patrimonio, los derechos políticos o el historial crediticio de la víctima, así como en casos que involucren a personas en condición de vulnerabilidad.
La iniciativa señala que las sanciones se impondrán sin perjuicio de otros delitos que puedan configurarse. Además, faculta al órgano jurisdiccional para ordenar la restitución de la identidad de la víctima, la cancelación de cuentas, perfiles o registros generados de forma ilícita, así como la reparación integral del daño, incluyendo perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales.
En la exposición de motivos, la legisladora advierte que la transformación digital ha convertido la identidad en un activo también digital, cuya autenticidad es necesaria para garantizar la seguridad jurídica y la confianza en las relaciones sociales. Sostiene que el avance de las tecnologías de la información y el uso de inteligencia artificial han incrementado la incidencia y complejidad de este delito, utilizado para fraudes financieros, apertura de cuentas, contratación de servicios y extorsiones.
Herrera Natividad señala que la regulación vigente es insuficiente, ya que la suplantación de identidad no está tipificada de forma autónoma, lo que obliga a perseguir estas conductas bajo otros delitos como fraude o falsificación, lo que, advierte, “dificulta la persecución penal, genera incertidumbre jurídica y limita la protección de las víctimas”.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para su análisis y eventual dictamen.