La Cámara de Diputados abrió un nuevo capítulo en la discusión sobre protección a niñas, niños y adolescentes en contextos de violencia feminicida. La diputada María Isidra De la Luz Rivas, del Partido del Trabajo, presentó una iniciativa para reformar los artículos 444 y 444 Bis del Código Civil Federal, con el objetivo de que cualquier persona vinculada a proceso por feminicidio o tentativa pierda la patria potestad sobre las hijas o hijos que tenga en común con la víctima.
La propuesta, turnada a la Comisión de Justicia para su análisis y dictamen, establece que la pérdida de derechos parentales operaría desde el momento en que exista vinculación a proceso, garantizando —según la legisladora— el interés superior de la niñez. La iniciativa también plantea que la autoridad jurisdiccional modifique o suspenda de oficio el régimen de convivencias, guarda o custodia cuando advierta cualquier tipo de violencia o cuando la persona agresora esté siendo procesada por feminicidio o tentativa.
Durante la presentación, De la Luz Rivas expuso que, aunque el feminicidio está tipificado en el sistema penal, persiste un vacío legal que deja en situación de vulnerabilidad a las hijas e hijos de las víctimas. Señaló que, en numerosos casos, los menores quedan bajo el cuidado del propio agresor, quien suele ser el principal sospechoso o incluso el responsable del delito. “En la mayoría de los casos quedan al cuidado y bajo la tutela de su progenitor hombre, que en muchos casos viene a ser el principal sospechoso e investigado”, afirmó.
La diputada recordó que el antecedente más emblemático de esta discusión es la llamada “Ley Monzón”, aprobada por unanimidad en el Congreso de Puebla el 2 de marzo de 2023, tras el asesinato de la abogada y activista Cecilia Monzón Pérez. Su caso evidenció la necesidad de impedir que presuntos feminicidas mantuvieran la custodia de sus hijos. Desde entonces, diversos congresos locales han adoptado reformas similares.
De la Luz Rivas enlistó las entidades que ya han incorporado esta figura jurídica: Colima, Sinaloa, Ciudad de México, Nayarit, Estado de México, Tlaxcala, Tabasco, Quintana Roo, Oaxaca, Chiapas y Baja California Sur, entre 2023 y 2025. Subrayó que la armonización federal es necesaria para garantizar criterios uniformes y proteger los derechos procesales de niñas y niños en todo el país.
La iniciativa plantea que la suspensión de la patria potestad, la guarda y custodia o el régimen de visitas se mantenga al menos hasta que se compruebe la inocencia del investigado, cuando este sea el progenitor. La legisladora sostuvo que esta medida busca evitar que menores permanezcan bajo el cuidado de personas sujetas a proceso por delitos que atentan directamente contra la integridad de su madre.
El análisis legislativo continuará en la Comisión de Justicia, donde se evaluará la viabilidad jurídica de incorporar estas disposiciones al Código Civil Federal y su eventual impacto en los procedimientos familiares y penales.