El diputado Ernesto Sánchez Rodríguez presentó una iniciativa para establecer un registro administrativo obligatorio de niñas, niños y adolescentes en hoteles, moteles y plataformas digitales de alojamiento, con el objetivo de fortalecer la prevención de riesgos, la trazabilidad de estancias y la protección del interés superior de la niñez. La propuesta, turnada a la Comisión de Turismo, plantea adicionar los artículos 59 Bis y 73 Bis de la Ley General de Turismo.
El registro deberá ser realizado por la persona adulta que acompañe al menor, quien tendrá la obligación de proporcionar identificación oficial vigente, declarar el parentesco o vínculo jurídico —patria potestad, tutela, guarda y custodia o parentesco consanguíneo o por afinidad—, así como manifestar el motivo del hospedaje. También se deberán registrar el nombre completo y la edad del menor.
La información será tratada bajo criterios de confidencialidad y seguridad conforme a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, y solo se conservará el tiempo estrictamente necesario para cumplir con la finalidad de protección, de acuerdo con los lineamientos que emita la Secretaría de Turismo.
La iniciativa establece que la negativa injustificada a proporcionar los datos impedirá la prestación del servicio de hospedaje, sin perjuicio de las obligaciones de aviso y coordinación con autoridades competentes. Los prestadores de servicios deberán entregar la información únicamente cuando sea requerida para la prevención, investigación o atención de hechos que representen un riesgo para menores de edad.
Las sanciones por omitir el registro podrán alcanzar hasta quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. En caso de reincidencia, se prevé la suspensión temporal de la autorización o registro del prestador de servicios hasta por noventa días. Si la omisión deriva en un riesgo comprobado de trata, explotación o desaparición de menores, la sanción podrá llegar a la cancelación definitiva del registro, además de las responsabilidades penales aplicables.
En la exposición de motivos, el legislador señaló que informes internacionales han documentado el uso de establecimientos de hospedaje por redes criminales para ocultar o trasladar víctimas, lo que representa un riesgo para la infancia cuando no existen mecanismos de control. La reforma, afirmó, busca homologar obligaciones entre hoteles y plataformas digitales para evitar vacíos legales que puedan ser aprovechados por quienes vulneran derechos de menores.
La propuesta también plantea fortalecer la coordinación entre la Secretaría de Turismo, el Sistema Nacional DIF y la Guardia Nacional para supervisar el cumplimiento del registro, recibir alertas preventivas y actuar de manera inmediata ante irregularidades. El legislador subrayó que el mecanismo no pretende criminalizar la convivencia familiar, sino establecer un procedimiento proporcional que permita identificar a los adultos responsables y documentar el motivo del hospedaje.
La iniciativa se presenta como un paso hacia un marco normativo orientado a la protección integral de niñas, niños y adolescentes en espacios de hospedaje en todo el país.