La Cámara de Diputados abrió el debate sobre movilidad y justicia social tras la propuesta de la legisladora Mayra Espino Suárez, del Partido Verde, quien planteó reformar la ley para que el apoyo al transporte público sea reconocido como una prestación social para las personas trabajadoras. La diputada subrayó que el uso cotidiano del transporte revela una desigualdad persistente: las mujeres dependen más de este servicio que los hombres.
Espino Suárez explicó que diversos estudios de movilidad urbana documentan que las mujeres realizan más viajes en transporte público y suelen encadenar trayectos relacionados con trabajo, cuidado, compras y responsabilidades familiares. Esta realidad, dijo, convierte al transporte en un factor determinante para el bienestar económico de millones de hogares.
La legisladora advirtió que el costo del traslado diario representa una parte significativa del ingreso de las personas trabajadoras y que, para muchas mujeres, ese gasto puede definir si logran llegar al final de la quincena. Aunque México ha avanzado en derechos laborales, señaló que aún existen dimensiones de la vida cotidiana que permanecen invisibles en la legislación.
La propuesta busca reconocer que el traslado forma parte del esfuerzo laboral diario y que garantizar apoyo al transporte fortalecería el ingreso familiar, mejoraría el bienestar y evitaría que una persona se empobrezca por el simple hecho de ir a trabajar. En el contexto del 8 de marzo, Espino Suárez destacó que mejorar el acceso al transporte amplía las oportunidades de estudio, empleo, emprendimiento y participación pública para las mujeres.
La diputada concluyó que la igualdad no solo se construye en las leyes, sino también en los trayectos cotidianos, por lo que incorporar el transporte como prestación social representa un paso hacia una movilidad más justa y equitativa.