En un contexto donde el entorno digital se ha convertido en un espacio cotidiano pero también riesgoso para niñas, niños y adolescentes, la diputada federal Ana González González presentó una iniciativa que busca dar un giro estructural a la protección digital en México. Su propuesta plantea la creación del Sistema Nacional de Protección Digital Infantil y Adolescente, un mecanismo interinstitucional que integraría a autoridades de los tres órdenes de gobierno, instituciones educativas y plataformas tecnológicas.
La iniciativa coloca en el centro la prevención, la alfabetización digital y la atención inmediata de casos de violencia en línea. El nuevo Sistema tendría facultades para monitorear riesgos, coordinar protocolos de respuesta ante denuncias, promover programas educativos y establecer cooperación con empresas tecnológicas para garantizar controles parentales gratuitos y accesibles.
González explicó que el Sistema deberá instalarse en un plazo máximo de 180 días tras la publicación del decreto, mientras que la Secretaría de Educación Pública tendrá hasta un ciclo escolar para incorporar contenidos de alfabetización digital en los planes de estudio. La propuesta incluye reformas a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para fortalecer la protección de menores en el entorno digital y garantizar que toda denuncia de violencia digital sea atendida de manera inmediata y con perspectiva de derechos de la infancia.
La legisladora subrayó que la protección digital no puede recaer únicamente en el Estado: también requiere la participación activa de madres, padres y personas cuidadoras. Esto implica fomentar el diálogo, establecer reglas claras, supervisar el uso de dispositivos y configurar adecuadamente la privacidad para mitigar riesgos como el ciberacoso, la exposición a contenido inapropiado y el grooming.
Las cifras respaldan la urgencia. Según el INEGI, el 21 por ciento de las personas usuarias de internet de 12 años y más —18.9 millones— sufrió acoso cibernético en 2024. En Nuevo León, la incidencia es igual de alta: 12 incidentes diarios, uno cada dos horas, a través de redes sociales, videojuegos, mensajería y correo electrónico.
González enfatizó que el Estado deberá desarrollar programas y protocolos especializados en alfabetización y protección digital, con el objetivo de fortalecer la seguridad, la resiliencia y el bienestar emocional de niñas, niños y adolescentes. La iniciativa abre un debate legislativo que busca responder a una realidad ineludible: la vida digital también requiere políticas públicas robustas, coordinación institucional y una estrategia nacional que proteja a quienes son más vulnerables en línea.