El endurecimiento de las sanciones contra el robo al autotransporte federal llegó a la Cámara de Diputados mediante una iniciativa presentada por el diputado federal Carlos G. Mancilla, del PRI, quien plantea modificar el artículo 376 Ter del Código Penal Federal para incrementar las penas de prisión y fortalecer las herramientas legales para combatir uno de los delitos que más impactan a las cadenas de suministro y al transporte de pasajeros en el país.
La propuesta legislativa busca elevar los castigos para quienes cometan robos en unidades de autotransporte federal de carga, pasajeros, turismo o transporte privado, bajo el argumento de que este tipo de conductas ya no solo afectan el patrimonio de las víctimas, sino que generan consecuencias económicas, sociales y de seguridad pública de alcance nacional.
De acuerdo con el proyecto, quienes roben mercancías transportadas en estas unidades podrían enfrentar penas de entre 10 y 15 años de prisión. En el caso de robo de equipaje o valores pertenecientes a pasajeros y turistas, la sanción sería de entre 5 y 10 años de cárcel, independientemente del valor económico de los bienes sustraídos.
La iniciativa también incorpora agravantes específicas. Una de ellas contempla aumentar la pena en una mitad adicional cuando el delito sea cometido utilizando armas, incluyendo objetos que aparenten ser armas reales, réplicas o artefactos de utilería empleados para intimidar a las víctimas.
Otro de los elementos centrales de la propuesta está relacionado con el uso de tecnología de seguridad. El proyecto establece que la pena aumentará en una tercera parte cuando el responsable dañe, manipule, desactive u obstruya sistemas de videovigilancia, botones de pánico o dispositivos de geolocalización instalados en las unidades para facilitar el robo o evitar su detección.
Durante la presentación de la iniciativa, el legislador sostuvo que el incremento de sanciones busca responder a la magnitud del problema y a los efectos que genera sobre usuarios, transportistas y empresas.
Explicó que el daño provocado por estos delitos tiene un carácter multidimensional porque afecta no solamente el patrimonio de las víctimas, sino también su integridad emocional y la percepción de seguridad en las carreteras.
Carlos G. Mancilla destacó que las nuevas sanciones permitirían además fortalecer la actuación del Ministerio Público, ya que el nivel de las penas facilitaría la solicitud de prisión preventiva justificada en los casos que así lo ameriten.
“Al establecer estas sanciones se garantiza que el delito no sea considerado menor y se otorga al Ministerio Público mayores facultades para solicitar la prisión preventiva justificada, protegiendo así a la comunidad frente a la reincidencia inmediata”, afirmó.
El legislador contextualizó la propuesta con cifras sobre la incidencia delictiva en el sector. Citó datos de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada e Industria Satelital (Amesis), según los cuales durante febrero de 2026 el 82 por ciento de los robos al autotransporte se cometieron mediante actos de violencia.
Asimismo, señaló que grupos delictivos han incorporado herramientas tecnológicas para la comisión de estos ilícitos. De acuerdo con los datos expuestos, el uso de inhibidores de señal para neutralizar sistemas GPS y comunicaciones estuvo presente en el 71 por ciento de los casos reportados, además de registrarse la utilización de armamento de alto poder.
En su exposición, el diputado advirtió que los efectos del robo al transporte de carga trascienden el ámbito de la seguridad pública y terminan impactando la economía nacional.
Explicó que las pérdidas obligan a las empresas a incrementar costos operativos relacionados con seguros, logística y reposición de mercancías, factores que terminan reflejándose en el precio final de productos y servicios.
“No podemos aspirar a un México próspero si la ciudadanía tiene miedo de trabajar o estudiar. No podemos hablar de desarrollo económico si nuestras carreteras son zonas de guerra para el comercio”, expresó.
La iniciativa también pone énfasis en el papel estratégico que desempeña la red carretera nacional. Según los argumentos expuestos por el legislador, alrededor del 80 por ciento de los bienes y mercancías consumidos en México se trasladan por carretera, lo que convierte al autotransporte en un componente esencial para la actividad económica.
Finalmente, Mancilla sostuvo que el robo al autotransporte debe ser considerado un asunto de seguridad nacional y de estabilidad económica, al señalar que las pérdidas asociadas a este delito superaron los 7 mil millones de pesos durante 2025.
La propuesta iniciará ahora su ruta legislativa en comisiones, donde será analizada por los grupos parlamentarios antes de que pueda ser discutida y votada en el pleno de la Cámara de Diputados. El debate se desarrollará en un contexto marcado por las demandas del sector transportista para reforzar la seguridad en las carreteras y contener el impacto económico de los asaltos en las principales rutas del país.