Ante el incremento de robos y actos de vandalismo en planteles educativos del país, el diputado federal Rubén Moreira Valdez presentó un Punto de Acuerdo en la Cámara de Diputados para exhortar a la Secretaría de Educación Pública (SEP) a implementar un Programa Nacional de Protección de la Infraestructura Educativa, con el propósito de fortalecer las acciones preventivas y garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades escolares.
La propuesta legislativa plantea que la SEP coordine esfuerzos con las autoridades educativas estatales para desarrollar estrategias de prevención, vigilancia, mantenimiento, rehabilitación y participación comunitaria en escuelas de educación básica y media superior, particularmente en los municipios con mayores índices delictivos.
De manera paralela, el legislador del Partido Revolucionario Institucional solicitó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) fortalecer, en coordinación con la Guardia Nacional y las corporaciones de seguridad estatales y municipales, los operativos de vigilancia preventiva en las zonas escolares, con especial atención durante los periodos vacacionales, cuando se registra una mayor incidencia de estos delitos.
El Punto de Acuerdo también contempla el impulso de mecanismos de inteligencia para combatir el robo de cableado eléctrico, equipos e infraestructura educativa, prácticas que en los últimos años han generado afectaciones económicas y operativas en miles de escuelas del país.
Como parte de la propuesta, Moreira Valdez exhortó al Gobierno de Baja California a reforzar el programa «Vigilando Nuestra Escuela», en coordinación con los municipios y las autoridades educativas locales, así como a establecer mecanismos permanentes de participación ciudadana e informar públicamente sobre las acciones implementadas para prevenir y reducir los robos en los planteles educativos de la entidad.
El legislador tomó como referencia la situación que enfrenta Baja California, donde autoridades educativas reportaron que durante el ciclo escolar 2025-2026 se registraron más de 70 robos y actos de vandalismo en escuelas de Mexicali, la cifra más alta registrada en la entidad durante ese periodo.
Entre las principales afectaciones documentadas se encuentran el robo de cableado eléctrico, transformadores, equipos de aire acondicionado, instalaciones hidráulicas, computadoras, mobiliario escolar y materiales indispensables para el funcionamiento cotidiano de los centros educativos.
Moreira Valdez explicó que las propias autoridades han reconocido que una parte importante de estos delitos ocurre durante los periodos vacacionales, cuando disminuyen las labores de vigilancia y se facilita el ingreso de grupos dedicados al robo de cobre y otros materiales que posteriormente son comercializados en mercados informales.
El diputado recordó que el problema no es exclusivo de Baja California. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), cada año miles de escuelas del país reportan daños ocasionados por robos o vandalismo en sus instalaciones, mientras que diversas entidades federativas registraron un incremento de estos delitos durante la pandemia, cuyas consecuencias continúan impactando al sistema educativo.
Además de las pérdidas económicas, señaló que estas conductas delictivas generan efectos directos en la comunidad escolar, al provocar la suspensión de clases, retrasar proyectos de infraestructura educativa y obligar a las autoridades a destinar recursos originalmente presupuestados para mejorar las condiciones de enseñanza hacia la reparación de daños materiales.
En ese contexto, el legislador sostuvo que la protección de la infraestructura educativa debe abordarse desde una perspectiva preventiva y permanente, mediante la participación coordinada de autoridades y sociedad.
«La seguridad de las escuelas no puede depender de medidas temporales. Se requiere una política nacional preventiva que garantice espacios educativos seguros, funcionales y libres de vandalismo. Invertir en la protección de las escuelas es invertir en el futuro del país», afirmó Rubén Moreira Valdez.
La propuesta legislativa coloca en el debate la necesidad de fortalecer las políticas públicas orientadas a la protección de los espacios educativos, en un escenario donde la seguridad de las escuelas continúa siendo un factor determinante para garantizar la continuidad del proceso de enseñanza y el adecuado aprovechamiento de los recursos destinados al sector educativo.