La diputada federal del PRI, Fuensanta Guerrero Esquivel, presentó una iniciativa para reformar la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud con el propósito de establecer que toda política pública, programa, regla de operación o proyecto normativo de la Administración Pública Federal sea sometido a una evaluación obligatoria sobre su impacto en las juventudes antes de su diseño, modificación o implementación.
La propuesta plantea adicionar el artículo 4 Ter a la legislación vigente para crear la Cédula de Impacto en Juventudes, un instrumento que deberán aplicar todas las dependencias y entidades federales cuando las decisiones gubernamentales tengan incidencia directa en personas de entre 12 y 29 años.
En la exposición de motivos, la legisladora sostuvo que actualmente las políticas públicas se elaboran bajo criterios generales que dejan de lado las condiciones y necesidades específicas de este sector de la población, lo que limita la incorporación de su perspectiva en la toma de decisiones.
La iniciativa establece que la evaluación deberá identificar los efectos previsibles de cada política en ámbitos como educación, empleo, vivienda, salud física y mental, conectividad digital, cultura y participación comunitaria. Asimismo, contempla medidas para garantizar la inclusión de jóvenes indígenas, afromexicanos, habitantes de zonas rurales, estudiantes, trabajadores, personas con discapacidad y quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad.
El proyecto también propone que la elaboración de la cédula incorpore consultas presenciales o digitales con personas de entre 12 y 29 años, bajo criterios de accesibilidad, lenguaje claro e inclusión territorial. En el caso de menores de 18 años, las consultas deberán realizarse con salvaguardas acordes con su edad, desarrollo, privacidad y el interés superior de la niñez.
De aprobarse la reforma, el Instituto Mexicano de la Juventud sería responsable de emitir los lineamientos técnicos para la elaboración de la Cédula de Impacto en Juventudes y de publicar un informe anual sobre los resultados de su aplicación, con el objetivo de fortalecer la rendición de cuentas en las políticas dirigidas a este sector.
Al presentar la iniciativa, Fuensanta Guerrero afirmó que la propuesta busca garantizar que la voz de las juventudes sea considerada de manera obligatoria en el diseño de las políticas públicas. En ese contexto, sostuvo que «ninguna política gubernamental se diseñe sin considerar su voz y sus necesidades específicas», al reiterar la postura de su bancada de colocar a las personas jóvenes en el centro de las decisiones públicas.