Guadalajara, Jalisco.— Exgobernadores, legisladores y especialistas en seguridad coincidieron en que México enfrenta una crisis de violencia que requiere fortalecer a las policías locales, incrementar el presupuesto destinado a seguridad y justicia, mejorar las condiciones laborales de los agentes y establecer una mayor coordinación entre los distintos niveles de gobierno.
Durante el foro “Diálogos por la Seguridad y la Paz”, organizado en Guadalajara por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), los participantes expusieron experiencias de gobierno y propuestas para enfrentar la inseguridad, mientras que integrantes del público plantearon sus preocupaciones ante el escenario de violencia que prevalece en distintas regiones del país.
El coordinador de los diputados federales del PRI, Rubén Moreira Valdez, sostuvo que recuperar la paz es posible, pero requiere “voluntad política, presupuesto y acción”. Entre sus propuestas planteó establecer un tratado de seguridad con Estados Unidos y Canadá, aumentar los recursos para seguridad y justicia, mejorar los salarios de los policías, fortalecer la prevención, generar empleos y combatir al crimen organizado.
El exgobernador de Coahuila utilizó la experiencia de esa entidad para argumentar que una estrategia sostenida puede modificar los indicadores de violencia. Con gráficas, explicó que ciudades como Torreón y Piedras Negras redujeron sus niveles de inseguridad hasta colocarse entre las ciudades con mejores condiciones del país.
“Sabemos qué se tiene que hacer. No son recetas secretas”, afirmó Moreira.
El exgobernador de Yucatán, Rolando Zapata Bello, sostuvo que la seguridad no debe entenderse como un objetivo aislado, sino como resultado del funcionamiento de las instituciones. Señaló que la confianza ciudadana depende de que las autoridades tengan capacidad para responder y destacó el modelo de Policía Estatal Coordinada aplicado durante su administración.
Explicó que Yucatán llegó a tener municipios sin patrullas y otros con apenas una o dos unidades, situación que, según relató, fue atendida mediante la creación de un esquema policial estatal con 8 mil 500 elementos, con cobertura para los 106 municipios.
Zapata Bello sostuvo que la paz requiere trabajo permanente y que las policías municipales deben ocupar un lugar central en la estrategia de seguridad, junto con políticas de prevención y reconstrucción del tejido social.
En su intervención, el exgobernador de Zacatecas y diputado federal Miguel Alonso Reyes recordó que recibió un estado con presencia dominante de un grupo criminal. Como respuesta, dijo, durante su administración se destinaron 4 mil millones de pesos a infraestructura de seguridad, mientras que el número de policías estatales aumentó de 214 a mil.
También señaló que se mejoraron salarios y equipamiento, se depuraron corporaciones municipales, se estableció un mando único en los 58 municipios y se creó una policía social orientada a la prevención del delito.
El especialista Augusto Chacón, director del Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos, planteó que la discusión sobre seguridad debe ir más allá de la reducción de homicidios. Advirtió que México vive una normalización de la violencia y señaló que actualmente se habla incluso de una “narco-cultura”.
“Vivimos inseguros, pero adaptados”, afirmó, al considerar que esa adaptación ha desplazado la paz como una aspiración permanente y como una responsabilidad colectiva.
Feminicidio y fallas en la justicia
La senadora Cristina Ruiz colocó la violencia contra las mujeres entre los principales pendientes de la política de seguridad. Señaló que siete de cada 10 mujeres de 15 años o más han experimentado al menos una forma de violencia y afirmó que durante 2025 se registraron 696 víctimas de feminicidio en México, 30 de ellas en Jalisco.
La legisladora sostuvo que un feminicidio no comienza con el asesinato, sino que puede estar precedido por omisiones institucionales, falta de protección, acceso a armas y otras fallas que permiten que la violencia escale.
Ruiz anunció que el Grupo Parlamentario del PRI presentaría una iniciativa en materia de feminicidio para reforzar la protección de las mujeres.
El exfiscal Central de Jalisco, Rafael Castellanos, expuso otro de los problemas del sistema de justicia: con base en datos del INEGI, señaló que de cada 100 carpetas de investigación abiertas en la Fiscalía General de la República, tres llegan a los tribunales y únicamente una termina en sentencia.
Arturo Huicochea Alanís, expresidente del Instituto de Administración Pública del Estado de México, agregó que en 2023 se cometieron 32 millones de delitos en México y que solamente 2.2 por ciento fue resuelto. A su juicio, una parte del problema se encuentra en el funcionamiento de los ministerios públicos.
La dirigente del PRI en Jalisco y moderadora del encuentro, Laura Haro, sostuvo que los gobiernos tienen la obligación de garantizar la seguridad y señaló que ocho de cada 10 habitantes de Guadalajara se sienten inseguros, además de referir que alrededor de 241 mil personas han sido asesinadas en México en los últimos años.
El foro, realizado en el Auditorio José Cornejo Franco de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, registró lleno total y participación del público mediante preguntas a los ponentes.
Los participantes coincidieron en que la estrategia de seguridad debe combinar fortalecimiento policial, coordinación institucional, presupuesto, prevención, procuración de justicia y políticas sociales. Desde la perspectiva de los dirigentes y legisladores priistas, las experiencias de Coahuila, Yucatán y Zacatecas constituyen ejemplos de políticas que, aseguran, pueden ser retomadas para enfrentar la crisis de inseguridad en el país.